La que fuera víctima de abuso y acoso sexual, la trabajadora del gobierno estatal, María de Jesús Almendárez Prieto, dice sin rodeos: “queremos ayuda inmediata porque somos afectadas, no comerciantes ambulantes que infringimos la ley o afiliados del sindicato mayoritario de burócratas que exigimos un incremento salarial. Enfrentamos a la delincuencia organizada que forma el secretario de gobierno, Alejandro Leal. El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos del gobierno estatal, Ulises Valencia y el director de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Jorge Vega Arroyo�. El 14 de agosto, junto con otras cinco personas, bloquearon las instalaciones de la CEAV al acusar a Vega de corruptelas.

En noviembre próximo, Almendárez Prieto cumplirá siete años en la lucha para que le sean restituidos sus derechos humanos, jurídicos y laborales que el estado le niega, coludido con la veterana líder del sindicato de burócratas, Bernardina Lara Arguelles y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Antes de plantarse, interpuso una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado, contra el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Stevens Amaro, al que señaló como uno de los hombres más cercanos al gobernador Juan Manuel Carreras, que permite el atropello a sus garantías. Aunque existe una sentencia condenatoria en contra de su acosador, Juan Martín Gática, siguen los actos discriminatorios en su contra.

El miércoles 14 de agosto a las cinco de la mañana, Almendárez Prieto, junto con cuatro manifestantes, impidieron el acceso a las oficinas de la Comisión Estatal de Atención a Victimas, que se ubica en Ignacio López Rayón 534. Cerraron el acceso a la dependencia, pero también bloquearon 5 de mayo, lo que provocó un auténtico caos vial. Muchos automovilistas, desesperados por llegar a casa, pagar el recibo telefónico u otros servicios, se subieron a las banquetas en su afán de romper el neurálgico cerco.

Las inconformes pusieron un candado con cadena en la puerta del inmueble. Se plantaron frente a la dependencia. Colocaron pancartas donde denuncian abusos por parte de las autoridades y presuntos actos irregulares que dirige una instancia convertida en circo. Exigieron auditar a Vega en las diversas cartulinas de colores que pegaron en la pared del edificio público.

Junto con Almendárez participa Juan Serrano y su esposa Imelda Patricia Hernández, de Mexquitic de Carmona. Griselda Haro Dávila, de la Noria de San José y un activista de Matehuala, Jorge Rodríguez. Denunciaron ser re-victimizados al no garantizarles sus derechos humanos y en algunos casos, no saldar la pena. Le exigieron a Vega, acceso al Fondo de Reparación del Daño. Lo acusaron de ignorarlos, aplazar el otorgamiento de apoyos y alargar los procesos jurídicos, por lo que no pueden acceder a la justicia.

Serrano, Hernández y sus dos hijos menores, en el 2004 fueron detenidos de manera arbitraria por militares. Los padres, encarcelados durante varias semanas, sin ser presentados ante el ministerio público o juzgado. Aunque están inscritos en el registro de la Comisión Estatal de Víctimas, después de siete años esperan ser reivindicados. Rodríguez representa a su hijo Akin Jautzi Rodríguez, de 14 años, que hace 12 fue sometido a una ineficiente cirugía en el Hospital Central, “Ignacio Morones Prieto�, de donde salió con varias discapacidades. Denunció que necesita varios insumos que le han suspendido con pretextos. Ahora es un adolescente que debe ser trasladado a terapia, al Centro Médico Siglo XXI de México.

Griselda Haro, junto con su familia, es víctima de un desalojo en la comunidad Noria de San José, por parte de autoridades que cuentan con tres recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Debido a procesos judiciales que se han alargado, no miran resultados a sus demandas. Pero luego abandonó el plantón, intentó manejarlo desde su casa. Almendárez es la primera mujer en San Luis Potosí en obtener una sentencia condenatoria contra su acosador, Juan Martín Gática, representante sindical en la Seduvop. Exige un arqueo a Vega por supuestos malos manejos de recursos federales destinados a apoyar a las victimas de delito. La dependencia podría ser una caja chica de la secretaría general para financiar campañas políticas. Le recriminó no dar cauce a la recomendación de derechos humanos, para establecer medidas protectoras contra la discriminación y malos tratos de la dependencia. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, recibe un presupuesto anual que supera los 34 millones de pesos, de los cuales solo destina 4 para cubrir apoyos y reparar daños en todo el estado.

Los quejosos iban a cumplir cuatro semanas en plantón. Todos están inscritos en el registro de víctimas. Vega Arroyo divulgó que permanecerán hasta noviembre o diciembre. Les ofreció una despensa para retirarse. Los casi 80 empleados de la instancia deambulan de una oficina a otra, en las calles u optaron irse a la casa. Los manifestantes dijeron que no se doblarán.

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