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Censuran destape alocado de Almazán Cué

25 septiembre, 20198:21 pmAutor: La NoticiaCapital Destacada Noticias

El litigante José Luis Pérez Lozano calificó de ineficaz e irresponsable el desempeño del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cué, que abandonó las tareas primarias para dedicarse a sus aspiraciones políticas, ya que busca la gubernatura. Además, se ostenta como candidato del mandatario Juan Manuel Carreras López. Agregó que al iniciar el periodo vacacional, Almazán Cué ordenó de manera irresponsable, instalar en la ciudad judicial, un filtro improvisado de seguridad, sin ningún detector de metales ni personal capacitado. Sólo generó largas filas para el acceso y retrasó las actividades laborales. “Estamos de acuerdo en que se adopten medidas, sobre todo después del caso de una mujer que resultó con lesiones de bala. Fue fue agredida por asuntos familiares”.

Añadió que meses antes, el agresor había tratado de suicidarse dentro del edificio. Hubo señales que no se atendieron. Las acciones implementadas afectaron en especial a las amas de casa, que deben acudir al departamento de garantías por los cheques que les depositan sus parejas por pensiones alimenticias y les retrasaron el pago. El dinero ya lo contemplaban, pero no lo pudieron retirar. Las quejas no las tomó en cuenta el funcionario, que debe atender a la ciudadanía de manera diligente. “Se puso de tiro al blanco y lo empezaron a atacar en distintos frentes”.

Pérez sugirió como medida de orden, solicitar el apoyo de la guardia nacional, para que vigile los alrededores, ya que se han presentado diversos robos de vehículos y asalto a transeúntes. Permitir el acceso libre al estacionamiento de abogados y visitantes, debido a que está limitado a los trabajadores. “No es un edificio seguro, aunque está enrejado, no reúne los requisitos necesarios. Los carros no se pueden dejar cerca porque le quitan una llanta u otra parte. En Zapopan, Jalisco y Monterrey, cuentan con sitios seguros para los que visitan la ciudad judicial”.

En cuanto al tema en el alza de divorcios en el estado, Pérez Lozano añadió que el concepto del núcleo familiar se ha perdido en los últimos años. Se refleja en los juzgados que están saturados por pensiones familiares y alimentos, ya que existe un fuerte incumplimiento de las obligaciones. Habló de presentar una iniciativa ante el congreso del estado para llevar a cabo matrimonios bajo contrato y tiempo determinado.

“Los padres, en cierta medida, han imbuido en sus hijos, el objetivo de casarse y adquirir un compromiso convencional. Es un error porque los jóvenes ya no quieren tener obligaciones de hijos o de familia. Vamos en el tren de la modernidad. No sabemos dónde vaya a terminar. Las parejas de ahora se casan y con cualquier riña casera, acuden a la salida más fácil, el divorcio. Cuando hablo sobre la propuesta de matrimonios por contrato, me refiero a que desde el momento en que la pareja quiere casarse, se establezca por cuanto tiempo lo harán”.

“Lo diferente al divorcio convencional, es que no será necesario acudir a ningún tribunal. Se acaba el contrato y cada quien por su lado, siempre y cuando no haya hijos de por medio. Ayudaría a desahogar el trabajo en los juzgados que hoy están saturados. En caso de llevarse a cabo la propuesta, se debe elaborar un análisis completo para elaborar las cláusulas, con el fin de evitar costos y trámites burocráticos a futuro. Tomar en cuenta la temporalidad del divorcio, si tendrán o no hijos, arreglar los asuntos desde el ámbito privado, establecer los bienes separados o en conjunto. En el aspecto económico, sería un gran alivio, ya que los abogados cobran de 15 a 20 mil pesos por cada divorcio, según la carga de trabajo del juzgado, que se mueven a paso de tortuga, por el exceso de expedientes”.

Pérez Lozano subrayó que el nuevo sistema legal no lo acepta la ciudadanía. Se imagina que defiende más al delincuente que a la víctima. “La delincuencia está en números rojos. En los juicios orales hay deficiencias en cuestiones técnicas. A los jueces les pusieron la gorrita de control cuando antes eran juez de primera instancia o menores. Los habilitan de la nada, pero no los capacitan. Las deficiencias también se deben a los bajos salarios de los policías y agentes del ministerio público, que son clasificados por la fiscalía en a, b y c, para diferenciar los ingresos. Hay compañeros que deben estar en Valles o Tamazunchale con una paga de 9 mil pesos a la quincena o mes, lo que no es nada gratificante”.

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