Racismo e ignorancia jurídica es lo que mostraron los diputados del Congreso local al conspirar contra la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas. Por ello han sido puestos en ridículo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el pasado 5 de octubre invalidó la más reciente adaptación de nuestra Ley Electoral por falta de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y las comunidades indígenas. La sentencia ha golpeado la ya de por si deteriorada imagen de los legisladores.

Las razones históricas, culturales y políticas que impulsaron a los legisladores a maniobrar contra los derechos indígenas tienen su origen en resistencias ancestrales que no reconocen que México es un mosaico pluriétnico y pluricultural. Los diputados potosinos no quieren la presencia de representantes de las comunidades indígenas en los espacios donde se toman las decisiones políticas y presupuestales. Rehúsan admitir que las personas indígenas tienen derechos que la Constitución local y federal les reconocen, entre ellos el de ser consultados en todo aquello que pueda afectar sus derechos. A los legisladores locales no les interesa maximizar los derechos indígenas. Por eso nunca estuvieron dispuestos a que la Ley Electoral les facilitara el acceso a los Cabildos y al Congreso del estado.

Algunos diputados han externado en múltiples ocasiones su rechazo a reconocer los derechos políticos que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Le parece absurdo que personas “que no son de razón� pretenda representar a sus comunidades en los Ayuntamientos o en el Poder Legislativo para defender sus derechos y pelear por presupuestos para el desarrollo de sus comunidades. Estos prejuicios discriminatorios salen a la superficie cuando autoridades judiciales o electorales ordenan que se legisle que en los municipios y distritos locales electorales donde haya 70% o más de población indígena, los partidos obligatoriamente deben postular candidatos de los pueblos originales.

Historia de un complot.

El 29 de junio de 2010 fue aprobada la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí pero desde esa fecha y hasta ahora nunca el Congreso del Estado ha realizado una solo ejercicio de este tipo.

Desde hace más de un año que empezaron los trabajos para la Reforma Electoral los diputados y diputadas estaban conscientes de que debían realizar una Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas para incorporar sus demandas de representación política en la Ley Electoral. Pero de manera ladina fueron sembrando obstáculos para no cumplir con esta obligación.

La JUCOPO (Junta de Coordinación Política) saboteó la realización de la Consulta. Pusieron mil trabas para autorizar el presupuesto necesario para su realización. Y cuando ya tenían el dinero para iniciarla algunos diputados quisieron utilizarlo para contratar a sus protegidos y aprovechar la consulta para realizar proselitismo político al interior de las comunidades indígenas.

En un principio simularon que harían la Consulta. Emitieron una convocatoria y contrataron a un grupo de expertos y operadores indígenas con conocimiento y experiencia de campo para realizar este trabajo. A este grupo se le llamó Grupo Técnico Operativo el cual empezó a realizar desde el 27 de enero el encargo, pero sin apoyo económico. Apenas si les dieron 5 mil pesos para gasolina y 11 mil pesos para imprimir fotocopias de la convocatoria que debía analizarse en las Asambleas Comunitarias. Un diputado incluso propuso que se contratara a su hijo, que es contador público, para que administrara el presupuesto que se emplearían en la fallida consulta.

El complot de los trabajos contra la Consulta incluyó la exigencia de parte de algunos diputados para que se licitara la contratación de asesores y operadores de campo. De igual forma pidieron licitar la compra de los bienes y servicios necesarios para su ejecución. Sabían que no había tiempo para ello. La perversa intención era ganar tiempo para que la consulta reventara, como finalmente ocurrió. Y para cerrar con broche de oro utilizaron como pretexto la presencia y expansión del Covid-19 para cancelar la Consulta. Escurriendo el bulto trasladaron al CEEPC la responsabilidad de emitir algunos acuerdos para implementar acciones afirmativas que obligaran a los partidos políticos a presentar candidaturas de personas indígenas. Pensaron los diputados que así evitarían cualquier litigio en su contra.

Hoy, debido a sus prejuicios raciales y desconocimiento del derecho constitucional han hecho el ridículo. Este fracaso aumenta el desprestigio de los diputados.

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