No obstante haberse relegido con la sombra del fraude electoral encima, el alcalde de Rioverde, José Ramón Torres García, carga el lastre de esclarecer observaciones que le hizo la Auditoria Superior del Estado de la cuenta pública del 2017, donde le hurgaron 215 millones 272 mil 767 pesos. Tiene que explicar el destino final de varias decenas de millones de pesos.

El arqueo se hizo a los recursos fiscales y participaciones federales del ramo 28, al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal donde se determinaron 64 observaciones, de las cuales solventó 27. Sobre las 37 restantes, hubo 3 recomendaciones, 3 solicitudes para aclararse, 11 pliegos de observaciones y 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. La instancia destacó que existe poca transparencia. Falta un sistema que integre los protocolos institucionales para mejores evaluaciones.

En las observaciones al ramo 28, en transferencia de recursos, se solicitó aclarar el manejo de 3 millones 174 mil 63 pesos por concepto de saldos bancarios de administraciones pasadas que no fueron ejercidos o vinculados con compromisos y obligaciones formales establecidas. Torres podría ser sancionado ya que no aplicó la normativa de apertura de cuentas bancarias para cada rubro en el manejo de recursos propios y federales.

En el apartado de ingresos se investigó el destino de 765 mil 428 pesos por concepto de permisos temporales para la venta de bebidas alcohólicas. El ayuntamiento manejó un importe menor al estipulado en la ley de ingresos. Trató de justificarse con un documento del 2016, que fue rechazado. Se indagó el manejo de 99 mil 662 pesos por aplicar un importe menor al estipulado en licencias para la venta de bebidas alcohólicas. En “servicios personales se emitió una “responsabilidades administrativas y sancionatoria�, ya que se constató que el cabildo hizo pagos superiores a los estipulados en los tabuladores por un millón 696 mil 974 pesos.

En servicios generales se analizaron 7 millones 654 mil pesos por no aclarar el pago de penas, multas y accesorios en materia de laudos laborales. Se examinó que en las operaciones contables, relativas a los seguros de garantías de funcionarios y empleados que manejan fondos y valores, no se registró pago alguno. Se constató que existen saldos en cuentas por cobrar y pagar de periodos anteriores. No hicieron algún movimiento para depurar las cuentas. En transferencia de recursos, se pidió aclarar el uso de 53 mil 599 pesos no ejercidos para el fortalecimiento de municipios en el 2015 y 2016. En el mismo rubro, se pagaron 275 mil 979 pesos en obras y acciones sin aportar documentos probatorios.

En 6 obras analizadas, no se corroboró el faltante de un millón de pesos. En otras cuatro se perjudicó a la hacienda pública por 86 mil 361 pesos en volúmenes pagados en exceso. Otra tuvo un anticipo no amortizado de un millón de pesos. En todas hay fallas en los contratos. Una no tiene acta de entrega. Otra no cuenta con fianza de vicios ocultos. Una más carece de los conceptos de estimación, generadores de obra, reportes fotográficos, pruebas de laboratorio y notas de bitácora. En otra falta el proyecto ejecutivo de acuerdo al tipo de obra. No se cuenta con planos definitivos.

En el fortalecimiento de los municipios se solicitó a Torres justificar un millón 111 mil 186 pesos por recursos no ejercidos. No fueron erogados o vinculados a compromisos formales. Tampoco se utilizó una cuenta bancaria específica para traspasos a otras líneas del ayuntamiento. En el rubro “destino de recursos�, se presume un daño por 358 mil 425 pesos de recursos sub ejercidos del fortalecimiento municipal. En otra muestra de cinco obras, se demostró un posible daño a la hacienda pública por 18 mil 448 pesos por volúmenes pagados en exceso. Una tiene deficiencias técnicas por 76 mil 23 pesos. Hay 4 obras con aportaciones documentales que no corresponden al ejercicio 2017. Se comprobó que dos obras no cuentan con los requisitos normativos requeridos para ser adjudicados. Se observó que en cinco obras los contratos no contienen los requisitos mínimos. Se comprobó que una obra no cuenta con fianza de vicios ocultos. En adquisiciones, arrendamientos y servicios, existe un presunto daño a la hacienda pública por 53 mil 480 pesos al adquirir mobiliario y equipo de cómputo del que no se no justificó ni comprobó el gasto.

Comments

comments