El gobernador Juan Manuel Carreras, a través de la Secretaria General de Gobierno, está promoviendo iniciativas que ahuyenten la aparición de conflictos, tensiones y rupturas de la legalidad durante el proceso electoral 2020-2021.

Como antídoto se está proponiendo la firma de un Pacto de Civilidad para exorcizar los demonios que suelen emponzoñar la competencia electoral.

Está probado que en temporada de elecciones las pasiones se desbordan, las desconfianzas están a flor de piel y la violencia puede desbordar los cauces institucionales. La estabilidad social se ve amenazada y la capacidad de administrar el conflicto puede estrecharse. Por ello, los operadores políticos del gobierno federal, estatal y municipal deben estar alertas para anticiparse a cualquier escenario de ingobernabilidad.

¿Cuáles son algunos fenómenos que pueden poner en riesgo la gobernabilidad en este tiempo de elecciones?

Veamos.

Gobiernos imparciales y eficientes.- Los partidos políticos y sus candidatos esperan del gobierno un compromiso de no intervención. Los gobernantes están obligados a ser neutrales. No deben intervenir para influir en el sentido del voto. Les corresponde vigilar que no haya un uso electoral de las arcas públicas, de los programas asistenciales o de la obras de infraestructura en favor de algún partido o candidato. Si se permiten estas deviaciones la cuerda puede tensarse provocando que surjan denuncias de una “elección de Estado�. Esto puede ocasionar que surjan violencias en las calles y plazas públicas, tomas de edificios, bloqueo de vialidades, así como acusaciones en los medios de comunicación.

Inseguridad y grupos del crimen organizado.- Una de las mayores amenazas a nuestra democracia y por añadidura al proceso electoral, es la eventualidad de que el crimen organizado decida apadrinar candidatos, sobre todo en los municipios. Para estas bandas criminales el control del territorio municipal es fundamental para que sus negocios prosperen.

Frente a este riesgo los partidos tendrán que ser excesivamente cuidadosos al seleccionar a sus candidatos. Deberán investigar todos los antecedentes personales, familiares, patrimoniales y de negocios de sus abanderados para descartar cualquier nexo directo o indirecto con el crimen organizado.

Y en cuanto a las autoridades federales y estatales de seguridad pública están obligados a elaborar mapas de riesgos que permitan identificar y desactivar la incidencia de grupos criminales en el proceso electoral. Este trabajo deberá ser focalizado municipio por municipio y distrito por distrito. También será de vida o muerte contar con un plan integral que frene los altos niveles de inseguridad que nos han estado golpeado en los últimos meses, así como una estrategia de protección de los candidatos.

Autoridades Electorales siguiendo la ruta del dinero.- El INE y el CEEPC a través de sus contralorías internas y comisiones especializadas, deberán ser inflexibles en el control del dinero que gasten los partidos y sus candidatos. Transparencia y redición de cuentas se debe exigir a todos los competidores. Vigilancia en tiempo real y medidas coercitivas para impedir que el dinero sucio entre a las campañas.

Violencia política contra las mujeres.- En el proceso electoral 2020-2021 la lucha contra la violencia política por razones de género debe ser prioritaria. Ahora que los partidos políticos están obligados a postular un 50% de mujeres en todos los cargos de elección popular la presencia de las féminas será abundante. Partidos políticos, autoridades electorales y judiciales deben ser implacables con quienes ejerzan violencia contra las mujeres en el proceso electoral. ¡Tolerancia Cero! Si se esconde o permite esta violencia los grupos feministas, anarquistas y los defensores de los derechos humanos estarán prestos para actuar con métodos radicales y estridentes.

El rol de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.- El Pacto de Civilidad que se está promoviendo deberá involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación.

Las ONG´s deben convertirse en estrictos vigilantes de las autoridades electorales para se conduzcan con apego a los principios que rigen la materia electoral (legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia); deben además estar alertas para que los partidos, candidatos

y el gobierno respeten la ley, así como estar preparados para denunciar y frenar las guerras de estiércol que habitualmente utilizan los que compiten.

En cuanto a los medios de comunicación lo deseable sería que dieran voz a todos y que estimulen un debate público civilizado, de argumentos y propuestas.

Como puede notarse a través de estos ejemplos las variables que pueden atentar contra la gobernabilidad y la calidad de la democracia existen. Por eso es más que necesario un Pacto de Civilidad que permita espantar al fantasma de la ingobernabilidad.

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