Con el respaldo de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y la secretaría de gobierno estatal, el comisariado del ejido La Pila, Pedro Adrián Martínez López, busca convalidar el robo del uso común de los campesinos. Mediante convocatorias fuera del marco jurídico, promovió  certificaciones del núcleo para reconocer la posesión de más de 500 hectáreas a particulares, entre los que destaca el ex senador del PRI, Teófilo Torres Corzo, el empresario Héctor Gómez Valle, primo político del gobernador Juan Manuel Carreras López. El ex candidato a diputado federal por el quinto distrito de Encuentro Social, Antonio Lorca. El ex diputado local, José Luis Romero Calzada y el magnate Juan Carlos Valladares García.

El ex presidente del  comisariado, Tobías López Delgado, expuso que el proceso de certificación  de parcelas, solares, casas y otros terrenos que forman parte del ejido, cuyos dueños son posesionarios y esperan el título de propiedad, está plagado de anomalías. Martínez López es hijo de Guadalupe Martínez Rivera, dos veces presidente del comisariado. Ambos tienen un gran compromiso con los inversionistas, porque les han vendido tierras comunales. Es por lo que tienen prisa en certificar las ventas ilegales antes  de que entre en funciones la nueva administración federal. Dijo que el dúo agarró dinero para concluir el proceso en diciembre. “Los que han agarrado dinero son los que están en la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional�.

Dijo que la Procuraduría Agraria está de lado de lo ilegal, muy lejos de cumplir uno de los fines para que se creó, pero se vende al mejor postor. No les conduele afectar el patrimonio de los ejidatarios. Advirtió que los campesinos no darán marcha atrás en la defensa de sus tierras, tienen pláticas con gente del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Les puso abogados para asesorarlos, detener el embate de los inversionistas voraces que quieren apropiarse del uso común, gratis o por unos cuántos pesos, ya que el ejido se ubica en medio de dos zonas industriales muy codiciadas.

“Saben que es una minita de oro, pero no pretenden pagar los terrenos, se los quieren robar, como lo han hecho en otras partes, solo que nosotros nos vamos a defender. No permitiremos que nos despojen como lo hicieron en la Garita de Jalisco o Terrero Sur donde cometieron asaltos con argucias y repartieron dinero debajo del agua�. López Delgado explicó que el grupo de ejidatarios inconformes inició un juicio en el Tribunal Agrario donde exigen la nulidad de 4 actas. Pidieron una medida precautoria para que no se lleve a cabo la asamblea de delimitación y designación. El órgano resolvió a favor de los quejosos, la suspensión de cualquier acto.

Refirió que Martínez López junto con el resto de la directiva del comisariado, pasaron por encima de la medida precautoria. Emitió la primera convocatoria, realizó la asamblea de no verificativo y lanzó la segunda convocatoria para celebrarse en octubre. Los afectados promovieron un amparo contra la  decisión del Tribunal Unitario Agrario. Confían en que el juez de distrito los respalde para evitar el atraco al explicarle con claridad, cuál es el procedimiento para quitarle las 500 hectáreas. Advirtió que en caso de que el juez les conceda el ampro, se iniciará otro juicio para solicitar de nuevo la medida precautoria. “Es un juego de quita y pone, si estamos dispuestos a defender nuestro derecho. Lo hacemos de forma legal para evitar el enfrentamiento�. Indicó que el delegado de la Procuraduría Agraria, Felipe Aurelio Torres Torres, firmó un contrato en el uso común de La Pila como testigo. “Se prestó para avalar convenios irregulares. Significa que no tiene calidad moral. Incumplió como funcionario público, quiere decir que hubo dinero�. Explicó que se lo hizo saber a Torres, que pidió una disculpa. “Le dijimos que no ayuda a resolver lo que ya no robó el cabrón�.

“Lo mandaron llamar de México a la Procuraduría Agraria. Nos dijeron que lo denunciáramos. Los compañeros dijeron que en dos meses se va, es lo que esperamos�. Tobías López explicó que la primera falla en el proceso de certificación es que el comisariado y el consejo de vigilancia que lo solicitó, carecen de representación legal. Cuando Martínez Rivera terminó su periodo, aunque convocó para elegir la nueva mesa directiva, un grupo rompió la asamblea. Acusaron a Martínez Rivera de robarle al ejido 60 millones de pesos. Le dijeron que no le iban a permitir hacer la junta para cambiar de comisariado hasta que pagara. El dinero corresponde a las afectaciones que hizo el gobierno del estado para construir el parque Logistik, la carretera a Villa de Arraiga y el paso de la red eléctrica para la BMW. Señaló que la Procuraduría Agraria aconsejó a Martínez Rivera llevar a cabo el cambio de comisariado en su casa, con el argumento de que mientras fuera dentro del ejido, era legal. Martínez impuso en su lugar a su hijo Pedro Adrián Martínez López.

“Violó la ley, la misma convocatoria estableció que se haría en el comité ejidal, cuando llevó a inscribir el acta al Registro Agrario Nacional, no lo aceptaron. Dijo que los suplentes del comisariado entraron en funciones, pero no convocaron. Se les terminó la función, entró el consejo de vigilancia y aunque convocó en tiempo, cuando celebró la asamblea de relevo, ya no estaba en funciones. Otra vez el RAN negó la inscripción�. Expuso que Martínez Rivera, con el apoyo del gobierno estatal y la Procuraduría Agraria, celebró una tercera asamblea de cambio cuando la que debió hacer la cita era la Procuraduría Agraria a solicitud de los ejidatarios o por medio de sentencia del Tribunal Agrario que le ordene convocar a elecciones. Señaló que se reunieron con funcionarios de la dependencia en la ciudad de México donde les  expusieron que no pueden acudir, ya que buscan robarles el uso común y no había representante ejidal.

Tobías indicó que ante la autoridad federal, no había un representante legal de los ejidatarios. Le advirtieron que serían responsables de cualquier hecho violento que ocurriera. Lo mismo le señalaron al gobierno del estado, al que le pidió hacer un análisis a conciencia, si había representante legal en el ejido. Le manifestaron que de haber muertes, sería el único culpable. Subrayó que sin salida, ambos gobiernos se excusaron y admitieron hacer un análisis donde se concluyó que no hay representante legal. Habló con el gobernador sobre problema. Le pidió al secretario Alejandro Leal Tobías, resolver el asunto. “Atiéndelos y saca dinero si se necesita para solucionarlo. Parece que Leal es el dueño del capital, cuando no conoce la materia agraria. Dice puras pendejadas. Ya se arregló con el actual comisariado ejidal. Le dará taxis�.

Agregó que el gobierno estatal hace negocios a espaldas de los ejidatarios que se oponen a que empresarios y políticos, con la anuencia de Martínez Rivera y Pedro Adrián Martínez López, le roben el uso común a los campesinos. Adelantó que hasta el momento, los ejidatarios no levantan un dedo en su contra. Podrían terminar en la cárcel. Enfatizó que en el gobierno estatal hay una gran corrupción que nadie imagina. Citó como ejemplo la Junta Estatal de Caminos. Los tribunales, mediante una sentencia, le ordenaron pagar a ejidatarios por afectaciones de tierras para construir la carretera a Villa de Arriaga, 20 millones de pesos con 530 cheques nominativos, uno para cada  ejidatario. Hicieron uno a nombre del comisariado y se lo robaron.

Aseguró que Martínez Rivera y luego su hijo, que se ostenta como actual comisariado,  reconocieron a los empresarios y constructores como ejidatarios, cuando primero deben ser avecindados, vivir en el ejido. Lo que no es posible, ya que habitan en Las Lomas. “¿Quién se va a La Pila?. No cumplen el requisito, aunque hay sentencias a su favor�. Adelantó que la tarea es ganar el comisariado, después promover amparos contra las sentencias. “Los tumbamos y los retiramos del ejido, que se vayan a robar a otro lado�. Señaló que el espurio presidente del comisariado, Pedro Adrián Martínez, amenazó a ejidatarios que se oponen al proceso de certificación en las condiciones irregulares de meterlos a la cárcel si dan problemas. En el caso de Leal Tobías, “está encabronado porque no le va a cumplir a sus patrones�.

Explicó que en una cita que tuvo con Carreras, le advirtió que el tema de La Pila se complicará, podría terminar en hechos violentos, con severas repercusiones. “El mandatario prometió  que le pediría a Leal atender el asunto. Le contestó que no hacía caso. El ejecutivo  indicó que no le iba a solicitar permiso. Le ordenaría que me atendiera, con el grupo de inconformes. No pasó nada. Fui a buscar a Leal. Me dijo que me recibía la siguiente semana. Le contesté, sólo déjeme buscar a Carreras para decirle que es un hablador, mentiroso, porque dijo que hoy me atendía�.

Agregó que durante la reunión se le expusieron cinco puntos en la mesa. Está complicado  que sacara del ejido al empresario Antonio Lorca Vallejo, ex candidato a diputado federal de Morena,  que se ostenta como sobrino de la esposa del gobernador, Lorena Valle. En contubernio con Martínez Rivera y Martínez López, impulsa la certificación. Prometió que si López Obrador ganaba las elecciones, certificaría el ejido. “Buscamos al presidente electo y le dijimos lo que decía su seguidor. Dio instrucciones de que no le hagan caso. Leal está enojado, pero no sacó el tema que le mencionamos�. Se habló de la protección personal que la policía metropolitana le da a Martínez López. “Ahora sucede que la autoridad defiende a delincuentes, para que roben las tierras de uso común a ejidatarios. Su respaldo hace copartícipe a la corporación�.

Expuso que hace un mes y medio, cuando inició el brazo que comunica el parque Logistick con la 57, tramo Querétaro-San Luis,  la empresa y un ejidatario, junto con Martínez, firmaron un contrato por 7 hectáreas. La superficie contempla un tramo de uso común. El convenio lo firmó como testigo Felipe Aurelio Torres. Subrayó que el grupo de ejidatarios inconformes fue a ver a los encargados, les dijo que no podían trabajar, porque cierran un camino que lleva a varias parcelas. Deja incomunicadas cerca de 300 hectáreas, donde hay ganado.

Los responsables de la obra le hablaron a la policía. “Nos metieron presos dos días por órdenes de Leal. Fuimos 11 ejidatarios y nos inventaron delitos, dicen que nosotros los agarramos a golpes, cuando eran como 50. Los agentes nos cobraron camisas y cachuchas porque se las habíamos roto. Ni tiempo tuvimos de defendernos, nos cargaron. Me agarraron 15 cabrones. Volvimos a la corrupción cuando les dijimos que les pagábamos para que nos soltaran, ya que no era un delito grave, aunque no lo cometimos. Dijeron, son órdenes de Leal. Tenían la consigna de mandarnos al penal como presos políticos. Vino gente de La Pila e hicieron un plantón y de volada nos sacaron. Tuvieron miedo porque saben que tuvimos pláticas con López Obrador, pero no dejan de hacer pendejadas�.

El tercer punto que se abordó fue el tema de la asamblea, mediante la cual el Martínez López  sin representación legal, busca convalidar el robo de las 500 hectáreas de uso común por parte de empresarios. Se le hizo saber que  por el conflicto podía haber  muertos. Leal se comprometió a hablar con las autoridades federales. Pedimos aclarar e intervenir en el caso de Felipe Torres, que firmó un contrato ilícito. Exigieron frenar a Martínez, que no es reconocido por la autoridad federal como representante del ejido, lo que dificulta resolver el tema del puente Logistick. Indicó que Leal solo escuchó y prometió resolver el problema, pero siguen en espera. Tobías explicó que el poblado se compone de 8 mil 800 hectáreas. Hay un ejido por separarse, se llama Cerro Gordo. Existe un decreto presidencial que dicta su formación. Sin embargo, La Pila no entregó el terreno. Precisó que en el 2001, hubo una asamblea para concretarlo, pero no hubo acuerdo. Un ejidatario del nuevo núcleo agrario promovió un juicio ante el tribunal y lo ganó. Se fueron al amparo. Les exigieron una asamblea dura, delimitar y designar la superficie, porque se trataba de tierras de uso común. El ejido está constituido, tiene certificados, rentas, un parque industrial, donde el delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro, es ejidatario, es decir, es juez y parte.

Insistió que los empresarios y constructores quieren robarse las tierras de los campesinos y ejidatarios de la Pila, pero tendrán que enfrentar la ley y ejidatarios que no están dispuestos a que les quiten el uso común, que es inalienable, no negociable. Dijo que el intento empezó cuando se hizo una serie de contratos de compra y venta de uso común, con notarios públicos, donde destaca Laura  Carrillo Farfán. Al no estar certificado el ejido, no tienen un precio verdadero. “Nos favorece la carretera 57, que eleva los precios de los terrenos. El metro cuadrado debe valer entre los 300 ó 350 pesos. Si se certifica, subir a 500. Y lo quieren pagar en 10 ó 15 pesos. Entendimos que todo debe hacerse de manera legal o habrá enfrentamientos. Los ejidatarios están dispuestos a dar la vida, porque es la forma de defenderse. Somos 530 ejidatarios y los beneficiados 50. Los demás tienen miedo y no quieren prestarse a las certificaciones, que son formas de robo�. Afirmó que Martínez Rivera y su hijo se mueven en camionetas y carros de lujo. “¿De dónde sale, no trabajan. Guadalupe Martínez vendía gorditas. Creemos que podría haber lavado de dinero, porque hay inversionistas que compran 60 hectáreas de contado. Se lo dije al gobernador, pero solo cruza las manos�.

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