El fiscal Garza Herrera, negligente en la búsqueda de niñas secuestradas

13 marzo, 20185:30 pmAutor: Paola Moreno GuzmánCapital

Los integrantes del comité de comerciantes ambulantes del centro histórico, Juan Martín Ayala, Marco Antonio Hernández y Pedro Vega, denunciaron que una banda de secuestradores de origen salvadoreño y colombianos, han raptado a varias jovencitas sin que el gobernador Juan Manuel Carreras y el fiscal Federico Garza hagan algo para detener a los delincuentes. Ayala informó que una de las víctimas es su hija Saraí Ayala, que con engaños, fue raptada a fines de diciembre del 2017. Por un descuido de las maleantes, pudo escapar, pero muestra signos depresivos y alucinaciones, lo motivó reciba en tratamiento psicológico.

Ante las nulas respuestas institucionales, Ayala y un grupo de amigos, buscaron a los infractores de la ley. “Les tocamos fuerte la puerta, pero no salieron. Llevamos los tizones (armas) dispuestos a lo que fuera. Al parecer ya se habían escapado”. El afectado relató que uno de los delincuentes se hace llamar Giovani o Erwin. Junto con sus cómplices, operan con absoluta impunidad a cinco cuadras de las oficinas de la fiscalía. Atrás de las instalaciones del llamado Charco Verde, donde se ubican las instalaciones de la policía municipal. Con dificultad, lograron que varios agentes ministeriales los acompañaran al domicilio de Antonio Plaza 285, donde se esconden los centroamericanos, pero se comportaron omisos y negligentes.

Ayala expuso que después denunció los hechos a través de La Noticia en su página electrónica donde lo vieron más de 100 mil receptores, lo que tampoco impactó al doctor en derecho Carreras. Ni siquiera las agrupaciones feministas le externaron su respaldo. Insistió en que las autoridades deben investigar las incontables denuncias de niñas desaparecidas en el centro histórico. “Mi hija tiene tan solo 17 años, presenta un fuerte daño psicológico. La atiende un psiquiatra. Le pido atentamente al gobernador tome cartas en el asunto. Mi niña se pudo escapar, pero está muy traumatizada. La tuvieron encerrada desde el 30 diciembre. Se pudo escapar el primero de enero del 2018. Rápido buscamos levantar la denuncia ante el ministerio público. Pero argumentó que no había delito a perseguir. En caso de no hacerme caso, tomaré la justica con mis propias manos”.

Ayala destacó que los secuestradores contactan a las muchachas por Facebook, les mandan mensajes, les piden sus números de celular y las citan en alguna parte para después raptarlas. Le exigió al director del Instituto de Migración y Enlace Internacional, Enrique Malacara Martínez, iniciar las pesquisas “para encontrar a los responsables, que son salvadoreños y colombianos. No tienen nada qué hacer en San Luis”.

En su oportunidad, Marco Antonio Hernández, “El Tyson”, mencionó que se sumarán a la lucha de Martín Ayala por el secuestro de su hija. Solicitó intervenga Carreras. Existe el temor que el número de niñas secuestradas se incremente. “Se confirmaron dos más de una adolescente de 14 años, pertenece al mercado República. Es hija de la compañera Lupe. La otra es del centro histórico, que por miedo a la banda de delincuentes, no los denuncian. Las autoridades no actúan. Existe la alerta Ámber, por lo que se deben agilizar las investigaciones. Hace falta crear una mesa especializada. Indagar si las muchachas que trabajan en el eje vial son obligadas a prostituirse por una banda foránea”.

“El gobernador no debe mirarnos como insignificantes comerciantes. Queremos que se respete a las mujeres. No somos machistas, exigimos seguridad, no dejar impunes los delitos. Evitar más daños a las jovencitas para que no pierdan la vida a mano de tantos rufianes. La procuraduría niega el fenómeno. Estamos invadidos de prostitución. Buscamos se investigue, si las implicadas lo hacen por su voluntad. Si es por su propio pie, es muy respetable lo que decidan. Pero muchas son obligadas”.

El comerciante Pedro Vega pidió investigar si la estancia de los salvadores y colombianos es legal dentro del país y si tienen permiso de practicar el agiotismo, ya que prestan dinero en el centro histórico y periferia de la ciudad. “Nuestras familias, hijas, vecinos, todos los que nos dedicamos al ambulantaje en la calle, tenemos miedo. Ya no quieren salir porque las desaparecen o secuestran para prostituirlas. Da tristeza que el ministerio público tome la postura de no aceptar la denuncia, porque no hay delito qué perseguir. Entonces, lo que quieren es que las encontremos muertas o que ya no aparezcan para iniciar las investigaciones. Es lamentable la postura de las autoridades. No sirve de nada poner la alerta Ámber, porque no toman los casos con la debida seriedad. Entendemos que en el estado hay muchos pendientes. Pero mandan a cientos de policías a un choque de ubers contra taxistas. Los verdaderos problemas de la ciudadanía como la inseguridad, la dejan de lado. Ya no queremos más desaparecidas. Deben activarse todos los protocolos. Tampoco se sumó algún grupo de feministas, como el de la ex diputada local Guadalupe Almaguer a la que pedimos nos ayudara. No hizo caso porque todavía no empieza el proceso electoral”.

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