Convocan a luchar por las niñas asesinadas y desaparecidas de San Luis, ante la indolencia de Carreras

26 marzo, 20188:37 pmAutor: Paola Moreno GuzmánCapital

“Tu dolor es el mío. Ya no tengo paz ni alegría en mi corazón. Yo también perdí un hijoâ€, le susurró el activista Xavier Sicilia al dirigente de un sector de ambulantes del centro histórico, Juan Martín Ayala, al momento de abrazarlo, cuando subió al estrado en la Plaza del Carmen, para denunciar el asesinato de su hijo, Juan Martín Ayala, por sicarios del crimen organizado. Sicilia encabezó la Caravana de la Justicia y Dignidad, en la que pidió se esclareciera el destino final de miles de asesinados y desaparecidos en todo el país, en el trágico sexenio del panista Felipe Calderón.

En San Luis se le sumó Ayala, que narró ante la concurrencia su triste historia. Luego supo que el homicida salió libre a los tres años, ya que le pidió a su acompañante, cambiar los roles, con la promesa de ayudarlo después, lo que no cumplió. Los meses siguientes fueron un incesante martirio para la víctima, que trató de olvidar el sufrimiento en el alcohol. “Cuando estaba solo, gritaba fuerte, sin consueloâ€.

A fines del 2017, a Ayala, una banda de colombianos y salvadoreños, le raptó a su hija Saraí Ayala, que logró escapar de milagro. El líder de los ambulantes expuso que los criminales centroamericanos, también se dedican al agio, por lo que prestan dinero con altas tasas impositivas. Los que no les pagan a tiempo, los acosan con violencia a través de emisarios que se mueven en motocicleta. Ayala convocó a las 11 horas de la mañana del martes 13 de febrero, a los padres de familia que han perdido un hijo a través del homicidio o rapto, levantones o desapariciones forzadas, para manifestarse frente al palacio de gobierno y exigirle al mandatario Juan Manuel Carreras, ponga un alto al fenómeno que ha enlutado a decenas de familias.

Ordenar al fiscal Federico Garza, al director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino y al secretario de seguridad, Ernesto Pineda Arteaga, activar la alerta Amber, establecer operativos de vigilancia en los jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias y centros universitarios para que ya no desaparezca ni una jovencita más. Precisó que ya es hora de que funcione el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, que cuesta mucho a los potosinos como elefante blanco. Exigirán se concrete la propuesta de una afectada, que sugirió, la ciudadanía se defienda a través de un silbato. “Le pediremos al ejecutivo, instale varios módulos donde reparta 100 mil objetos y difunda los mecanismos para que la gente y corporaciones policiacas actúen al momento en que haya un avisoâ€.

Ayala invitó a todos los potosinos que han sufrido algún caso de secuestro, se sumen al llamado los 13 de cada mes, donde se habrán de manifestar afuera de las instalaciones del palacio de gobierno para exigir justicia y seguridad en San Luis Potosí. “¿Dónde está la autoridad, donde está el gobierno de Carreras. Lo que harán es poner  retenes para quitarle el dinero a quien se ponga enfrente. Vive en las nubes, dice que puede caminar tranquilo por las calles de San Luis Potosí. Es mentiraâ€. Una taxista reclamó que si antes Carreras los visitó cuando andaba en campaña, ahora los atienda en sus calamidades.

Al intervenir otro dirigente de los ambulantes, Marco Antonio Hernández, “El Tysonâ€, señaló que el pueblo es el único que realiza el trabajo de seguridad e investigación, pues los policías solo recaban el mínimo de datos para después subirlos a las redes sociales. Al final, le dejan el trabajo a la ciudadanía. “En materia de seguridad estamos por los suelos. En el estado, las carpetas de investigación, se acumulan sin resultados. Las cierran, dicen que no pasó nada. Las mujeres deben ser respetadas, brindarles mejores oportunidades. No ser vistas como objetos sexuales. Desquite el cargo y póngase las pilas. El pueblo lo puso donde está. Cumpla con la seguridad de los potosinosâ€

Los representantes de Carreras tomaron notas de las quejas y programaría una junta para atender cada uno de los casos que presentaron los quejosos. Además iban a solicitar la presencia del secretario de seguridad pública estatal y fiscalía del estado para revisar a detalle los expedientes y resolverlos. Se pongan los operativos necesarios para reforzar las zonas donde se han presentado los delitos.

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