Al centro histórico de la capital lo “cuidan” 8 agentes estatales

15 noviembre, 20178:25 pmAutor: Oralia Guzmán MendozaCapital Municipios

 

Aunque el gobernador Juan Manuel Carreras anunció que con la recién creada Fuerza Metropolitana Estatal, en la que se invirtieron 61 millones de pesos, se iba a fortalecer la vigilancia y capacidad reactiva en 8 municipios de la zona centro, al contar con tecnología de primera generación y sofisticados métodos para investigar, el agente estatal Arnulfo Delgado González destacó que el exaltado organismo apenas se formó para la foto. Se compone de los diezmados cuerpos policíacos, muchos de los cuales se encuentran a punto de pensionarse o con una salud precaria. La llamada policía metropolitana en los hechos apenas cuenta con más de 100 nuevos elementos, ex militares que contrató el secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez, para darles base laboral. Calificó de farsa la etapa para reclutar a los integrantes del nuevo ente. Varios de sus compañeros acudieron al examen y nunca fueron llamados.

Expuso que apenas se anunció la reciente corporación, a la semana fueron regresados los uniformados a sus áreas de trabajo previas. Las patrullas que usan son rentadas, poco funcionales, por lo que podrían desecharlas a los dos años. Recordó que se repite la maniobra que en su etapa ejecutó el panista Marcelo de los Santos, para favorecer a determinados proveedores. En su segundo informe de actividades, Carreras destacó además que se instauró la Unidad de Fuerza Reacción Inmediata, donde se invirtió un total de mil 173 millones de pesos. Aunque los hechos lo contradicen e irritó a la ciudadanía cuando afirmó que camina tranquilo por la calles, insistió en que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional en incidencia delictiva y delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes. Minimizó la zozobra colectiva, ya que tan solo en agosto, se registraron 50 ejecutados.

El órgano Semáforo Delictivo colocó en rojo 7 de las 8 infracciones que mide como homicidios, secuestros, robos de vehículos, a casas habitaciones, negocios, lesiones y violaciones. El único en verde alude a las extorsiones. En julio reportó un incremento del 60% en el número de asesinatos. Una encuesta sobre percepciones, relató que 78 de cada 100 habitantes se sienten inseguros en San Luis. El secretariado de seguridad pública nacional informó que de enero a agosto del año en curso, los delitos se incrementaron un 44% respecto al 2016. Delgado mencionó que la gente se encuentra indefensa, ya que faltan policías en las calles. No hay suficientes elementos para garantizar la paz y patrimonio, ya que de los 3 mil estatales, la mayoría de 400 se afiliaron al sindicato minoritario de burócratas que encabeza Francisca Reséndiz Lara. Ya no hacen labores operativas, se rigen por un horario de 8 a 3 de la tarde en actividades administrativas.

Otros 300 están comisionados en dependencias o como escoltas de funcionarios, donde cuidan a sus familias. El resto tiene que cubrir la capital y los restantes 47 municipios. El centro histórico lo vigilan 8 agentes. La cifra disminuye cada 4 meses ya que crece el número de pensionados. “Desde hace varios años no se abre la academia de policía para reclutar sangre nueva. Se habla de varios cárteles en la capital, con las fuerzas actuales, no se pueden reducir los índices delictivos. La presencia policial es el punto clave que ayuda a inhibir a los delincuentes. Los militares que están a cargo desconocen las circunstancias. En otras partes ya los han corrido. El sistema castrense es diferente. El general Gutiérrez no sabe coordinar a los distintos mandos. No sabe moverse en las calles. Maltratan a los agentes, que también son ciudadanos y tienen familia. Fue muy criticado por su desempeño en Tamaulipas. No debieron colocarlo en un puesto tan delicado”.

Delgado instó a un cambio urgente antes de que el escenario se complique. Aludió a los constantes choques de los policías estatales con los ministeriales. En Matehuala, se pelearon por un detenido. En Rioverde, ministeriales se pasaron un alto en un carro sin placas. El mando único los detuvo, lo que generó un clima tenso. “Las quejas que se ventilan en los medios informativos, en su mayoría, las provoca el grupo conocido como Los Talibanes que se trajo Gutiérrez. No están adscritos en ninguna comandancia. Se desplazan en toda la entidad. En particular la zona huasteca y media, donde los controla el jefe de los guardias rurales y del mando único, Arnulfo Urbiola, su brazo derecho. Los policías estatales todos nos conocemos. No actuamos de manera violenta. Se ignoran las funciones que desempeñan. Existen rumores de que cometen delitos. No sabemos por qué los mantiene el general. Tal vez porque hay muchos intereses de por medio. Su negativo desempeño mancha a las instituciones”.

“El gobernador Carreras debe atender todas las quejas. No hay una cadena de mando establecida, como antes. No hacen labores policíacas, vienen a otras tareas que desconocemos. Los delitos se han desbordado a todas horas en cualquier sitio. Hace poco asesinaron en Pavón, en una estética, al cliente y al barbero. Otros fueron liquidados cuando comían tacos. No se sabe en qué momento habrá una balacera, como la registrada en la General Martínez, donde murió una menor de edad. Es falso que estamos debajo de la media nacional en cuestiones delictivas. Extrañamos el segundo lugar como los estados más seguros. Había patrullajes en las colonias. Lo grupos de reacción Alfa y Erco los deshicieron. No estamos preparados para una contingencia. En la etapa de Miguel Naya, se asistía a la gente en 3 minutos. Ahora no contestan el número de emergencia 911. Lo activaron para bajar recursos, pero en la práctica no funcionan”.

“Para qué queremos 10 C4, si faltan elementos para dar auxilio. Antes era más eficiente el 066, donde sí respondían. Es ridículo encubrir la ineficacia con el argumento de que son bromas. Ignoran si en realidad alguien está en peligro. Hace poco entregaron más patrullas. No se sabe dónde están las anteriores, debieron donarlas a los ayuntamientos que carecen de todo y tienen dos policías. No sabemos en qué lugar quedó el equipo sofisticado que compró el ex gobernador Fernando Toranzo para vigilar a los delincuentes. Mejor se usa para espiar a funcionarios, como el secretario de finanzas, José Luis Ugalde. La mayoría de las cámaras a cargo de la secretaría de seguridad, no funciona ni la mitad, aunque Gutiérrez argumente lo contrario. Las pocas que sirven, no alcanzan a captar las placas de un vehículo, porque son de mala calidad o no están prendidas. Ponen mil pretextos. No hay gente para manejarlas”.

“Hace tiempo asaltaron una joyería que se ubica al costado de seguridad pública. Hay dos cámaras en la zona. Una al lado sur y otra al norte. Ninguna captó el momento ni a los presuntos ladrones. Tampoco se dieron cuenta los vigilantes. Es una burla que tiren frente a las instalaciones, cabezas de decapitados. Antes, para entrar a San Luis, por el periférico, carretera a Guadalajara y salida a Zacatecas, había una patrulla, filtros, ahora no existe nada. Por donde se acceda, las puertas están abiertas para los que son malosos, que rápido lo notan. Falta capacitar a la policía para enfrentar al delincuente común y organizado. No vamos a esperar a que se maten entre sí y mueran más inocentes. Lo malo es que lo hacen en plena ciudad, a la vista de los demás. Ante tanta violencia, el estado trasciende a nivel nacional con su imagen negra. Los exámenes de control y confianza no son efectivos. Los usan los jefes para quitarse de encima a un elemento que no les agrada”.

“Los he presentado cada año, me los aprendí de memoria. Falta voltear hacia los agentes, capacitarlos, darles asesorías psicológicas, ya que son testigos de enfrentamientos, juntan cadáveres. Lo que los afecta. No hay seguimiento a los que participan en una balacera, que los ayuden a superar los traumas. Son situaciones que viven y las llevan a las casas. Se han dado casos donde las esposas son atacadas. Algunos se han suicidado, se les escapó un tiro. Tienen daños internos y no los auxilian. Desde hace 7 años, las ayudas a los policías se detuvieron. Los dejaron en el abandono. Ya muchos se han pensionado. Nos quedaremos sin elementos. Los que se afiliaron a los sindicatos lo hicieron porque nadie les asegura la permanencia en el trabajo. Llegan nuevos jefes y corren a varios para meter a su equipo. No han visto la raíz del problema. La licenciada Reséndiz los captó mientras no anduvieran en operativos, no portaran armas y cumplieran labores administrativas”.

“Se violan los derechos de los policías que buscaron protegerse. O de lo contrario ya los hubieran corrido, sin trabajo para alimentar a la familia. Lo que los obliga a vincularse a la delincuencia. Para que se reincorporen a sus funciones, deben asegurarles la planta, mejorar las prestaciones, darles un salario digno. Los exámenes de control y confianza generan muchas presiones. Algunas compañeras han sufrido derrames cerebrales. A los elementos hay que motivarlos. Antes nos daban hasta dos uniformes al año, completos. Ahora es uno, de pésima calidad. No duran los tres meses, por el rudo desempeño en el sol, tierra y agua. Se tienen que lavar seguido, se desgarran con facilidad. A los botines se les cae la suela. Son situaciones que hartan a los agentes, que no creen en los mandos ni en las instituciones. Salen a trabajar de mala gana, olvidaron el orgullo de portar el uniforme”.

“El gobierno estatal le quitó la facultad al Seguro Social de pensionar a los policías por riesgo de trabajo. Ahora nos atiende un doctor que tiene la oficina en pensiones. No está facultado para pensionar. Lo que hace es canalizarnos a otra dependencia, según lo que sufra el enfermo. Es algo que atenta contra la dignidad. No se lo hace a los burócratas, porque se metería en problemas. No contamos con el bono de riesgo. Pero se lo entregan a los que no salen de las oficinas. Hace poco dieron uno por el día del padre. No me llegó ni a los comisionados. En agosto entregaron el bono de operatividad. Es un beneficio que facilitó el gobierno estatal para todos los elementos. Gutiérrez no los canalizó completos, tampoco los regresó. Aunque aportamos una cuota a pensiones, no tenemos un representante. Nuestro dinero lo manejan los burócratas. Nos descuentan mil 100 pesos a la quincena. Cuando les conviene somos burócratas, para entregarnos un beneficio, nos ubican en la categoría de confianza”.

“Carecemos de las prestaciones de la burocracia, sólo nos dan un crédito hipotecario o de corto plazo. Si queremos una casa, apenas nos prestan una parte. Los trabajadores sindicalizados pueden obtener un crédito para vehículos o personales. Ni el gobierno sabe a qué sector pertenecemos. Ante las constantes pérdidas de los recursos, ahora los sindicatos presionan al gremio para aumentar las edades al jubilarse y las aportaciones. Todo para cubrir los faltantes, sin castigar a los responsables. Pero nada sucede por los compadrazgos. Tuvimos un problema porque el Seguro Social no cubría operaciones o enfermedades de alto costo. El seguro maneja los grupos de atenciones, donde solo les brindan medicinas e internamiento, pero no cubren las cirugías. El gobierno contrató el más barato. Nos entregaban la medicina, cuando hubo. Nos han relegado. Es por lo que surgen las inconformidades. Lo mismo pasa en las colonias, donde faltan todos los servicios”.

“Si hubiera una policía capacitada y con salarios dignos, tendrían un mejor servicio. Cuando nos dan algunos cursos, como el de balística, tenemos que cubrirlo. En los operativos nos facilitan una arma y varios cartuchos al salir a la calle. Si nos falta una bala, hay que pagarla. Nos restringen. Con el nuevo esquema de justicia penal, se nos capacitó de manera incompleta. Nos mandaron de lunes a viernes. Se trata de un sistema complejo, distinto al anterior. Todo hay que reportarlo por escrito al ministerio público. Y si no lo acepta, nos lo regresa para rehacerlo. Nos dieron teoría durante cinco días con instructores de la academia, que siempre han estado en un escritorio. Nunca han salido. Nos decían que en algunos momentos, debemos actuar según el criterio. Entonces sobran las reglas. Los indicados para instruirnos deben ser especialistas”.

“El general Gutiérrez, además de carecer de estrategias de seguridad, junto con el ex director de la academia de policía, Miguel Amado Jiménez, los lunes, después de izar la bandera, llevaban un pastor protestante para que le dieron sermones a los agentes, con lo que violaban sus derechos. En el mismo edificio de seguridad pública, tuvieron reuniones con los jefes, para invitarlos a participar en sus logias. Cada quién es libre de practicar la religión que guste, pero en sus iglesias, no en instituciones públicas. Menos imponerla. Ni siquiera está permitido en las escuelas primarias que son laicas. La salida del primer director, Pablo Castellanos, no fue por su historial represivo. Se debió a los problemas que tuvo con la esposa del general, Olga Asunción Portillo, la que en realidad tomas las decisiones en la secretaría y dirección de seguridad pública”.

“Es tanta su influencia que ocupa las oficinas de Jiménez, donde despacha como presidenta del voluntariado de seguridad. Se encarga de bajar recursos para los festejos y premiar a los agentes. No la vemos diario, pero interviene cuando se tramita algún cambio, permisos o pensiones. Hacemos la solicitud a un departamento, pero es la que dice lo último en los trámites, al autorizarlos. Asume funciones ejecutivas. Había otro organismo de agentes, se llamó La Hermandad, que también defendían los derechos gremiales. Llegaron a tener varios roces con Gutiérrez. Luego se acercaron con Portillo y se dirimieron los problemas. Le dio plaza a la vocera de los inconformes, Socorro Medrano. Se acabaron los tropiezos con el secretario. Ahora los protege la cónyuge. Se nota quien manda. Todo mundo lo sabe”.

Arnulfo Delgado habló de la penitencia de La Pila, donde “no se ha resuelto la falta de custodios desde hace tiempo. El problema es que ponen a directores que no cumplen con el perfil. No saben cómo manejar una cárcel. Llegan recomendados de algún jefe. Los motines se generan en parte porque permiten a los reos introducir objetos ilegales. No existe una verdadera reinserción de los presos. Hay mucha gente encerrada por robos menores. Las crujías se diseñaron para los jodidos. Los ricos casi no duran. No hay seguimiento para los que delinquen. Cuando salen, ya no hurtan naranjas o alimentos, están capacitados para usar armas y la violencia, con intenciones más negativas. No se atacan las causas por las que se cometieron los primeros delitos. Las autoridades dicen que no pasa nada. Pero cada vez que se hace un cateo, salen incontables pertenencias ilícitas que llegaron por las corruptelas que imperan. Hay reos con privilegios, tienen pantallas que no se permiten a otros”.

Delgado expuso que las narco mantas donde se involucra al director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino y su séquito, deben investigarse, para saber si en realidad están inmiscuidos en robos, secuestros y tráfico de pipas con gasolina. “Cuando el río suena, agua lleva. No ha puesto remedio el gobernador ni el procurador Federico Garza. Tal vez por los compromisos que existen con Castillo. Ya antes estuvo en el cargo en el sexenio de Fernando Silva Nieto. No debieron regresarlo, ya que salió muy criticado. ¿Por qué tanta insistencia de traerlos, para tener el control de los delitos?. No han informado tampoco sobre los policías de Soledad, por estar relacionados con los cárteles de la mafia. No sabemos por qué fueron detenidos. Se les inculpó de ser los responsables de otras muertes y la balacera en la colonia General Martínez. Creímos que al capturarlos, se iban a terminar los homicidios, pero al contrario, hay más. No agarraron a todos los culpables”.

“También ha influido en los delitos del fuero común, que antes los graves, ya no lo son. El delincuente que roba domicilios y vehículos lo aprovechan. Saben que estarán detenidos varias horas. Les dan facilidades a los truhanes, en lugar de poner penas más fuertes. Van a durar más tiempo hasta que reincidan cinco veces. Ya tienen un colchoncito para cubrir las fianzas. Los delitos de fuero común son más de los que se mencionan en las estadísticas. Los afectados ya no ponen denuncias, para que caminen, tienen que perder tiempo y darle seguimiento o se queda sin avances. Incluso, saber qué grupo de la policía tiene la querella, lo que no es necesario. Deben investigar sin presiones. Es lo que orilla a la ciudadanía a no tener interés en quejarse. Hay tortuguismo al aplicarse la justicia. El procurador es notario, batea puros hits porque desconoce los asuntos penales. Sus allegados no lo ayudan. Resulta contraproducente poner en un cargo a un neófito. Es cierto el dicho, zapatero a tus zapatos. Y todavía quieren premiarlo y darle más tareas, al hacerlo fiscal general. Algunas agrupaciones civiles pugnan para que no ocurra el pase automático. Haya más competencia y salga el indicado. Garantice que va a cumplir con el trabajo. No tiene caso inventar más puestos, si las circunstancias siguen iguales”.

“Ya se vio con la alerta de género. No funciona, la miran como una forma de investigar el delito sin medidas preventivas. No dicen cuántos culpables han detenido. Como en otros delitos, no habrá resultados mientras no haya más policías. Las fuerzas preventivas sólo se dedican a levantar infracciones, ya que les imponen una cuota. Si quieren andar en moto, deben pagar mil pesos por turno. Si desean moto, mil 500. Hay muchas corruptelas. El presidente Ricardo Gallardo es un cacique. Maneja todo a conveniencia. Ha corrido a incontables trabajadores. Por cada uno mete hasta 8 para que le hagan campaña. El lugar de disminuir la nómina, la incrementa. Cuando estuvo en Soledad, dijo que compró algunas patrullas. Nomás las reparó y presentó como nuevas. Roba más de lo que cualquiera se imagina. A la gente la tiene contenta con garrafones de agua y tortillerías. Es dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos a un alto costo, ya que hay mucha inseguridad. Busca meter a los ambulantes al mercado Tepeché, lo que no es viable, ya que viven del transeúnte. Entonces decidió dejarlo como estacionamiento. Se nota que no planea, improvisa. Debió buscar primero un acuerdo. Iba a generar otro elefante blanco, como el San Luis 400”.

Delgado expuso que los tránsitos no se retiran a sus casas hasta que no cumplan con las cuotas que les imponen. Infraccionan al automovilista al arbitrio. “El interés es el dinero. Con pintar a San Luis de amarillo no se resuelve la inseguridad. Los baches están más grandes. No cumplió lo dicho. Es la causa por la que mucha gente en las colonias se le han volteado. Les prometió alumbrado y pavimentaciones y no se volvió a parar, como ocurrió en La Virgen y Los Vergeles, donde se organizaron y le han dicho que ya no lo quieren. Los ciudadanos ya despertaron. Se le critica en las redes sociales porque en su etapa de alcalde de Soledad, aumentó la incidencia delictiva. Ahora se generalizó en los dos municipios. Se presume que controla a los delincuentes o de plano tiene mala suerte. Los operativos anti alcohol eran inconstitucionales, ya que nadie puede ser molestado en sus pertenencias, como un vehículo. A menos que haya cometido alguna falta o se note que zigzaguea. Es ilegal poner filtros. Casi los instalaba afuera de los antros, donde salían los corderos. Era una estrategia para completar la cuota”.

Arnulfo Delgado dirige el organismo Asociación de Elementos del Sistema Policial del Estado que conformó para luchar por las prestaciones a que tienen derecho sus compañeros, que nunca se las han otorgado, ni con manifestaciones. Ahora dan la lucha por la vía jurídica. Antes hubo otro ente que no funcionó. Existe la llamada Hermandad, que casi cooptó el secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez. Tiene 300 afiliados. Se le acercaron los jubilados a los que no les habían cubierto el aumento del 4.2% que tramitaron los sindicatos de burócratas. El director de pensiones, Osiel Yudiche, se prestó para resolver el conflicto. Por andar en la lucha, Delgado fue corrido de su empleo durante tres semanas, hasta que fue comisionado al parque Tangamanga uno. No hubo ningún argumento para suspenderlo. Gutiérrez le dijo que por inasistencias. También argumentó uso inadecuado del escudo institucional para su grupo. Le contestó que no, ya que se requieren permisos internacionales. “No supo qué responder para darme de baja. Me corrió de manera verbal, sin derecho a defensa. Al final se arregló que me fuera comisionado a alguna dependencia para evitar roces con el secretario de seguridad. Si me quedaba cerca, iba a tomar represalias en mi contra”. Delgado negó el dicho de Carreras, que se puede caminar tranquilo por las calles de la capital. “Es tomar a la ligera lo que se vive. Es un concepto muy arriesgado. Los delitos se cometen a cualquier hora y lugar. Las aceras están difíciles. Lo dijo porque le cree a Gutiérrez, que asegura, todo está controlado. Hace falta que le informen la verdad. Además lo afirma porque tiene escoltas que lo cuidan”.

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