El alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, pasará a la historia quizás como el primero en todo el país al conseguir cero observaciones financieras al ser revisada una cuenta pública, desde que son auditadas por un órgano fiscalizador como la Auditoria Superior del Estado, antes Contaduría Mayor de Hacienda.

Según el informe final, la cuenta pública del ayuntamiento 2016 que entregó el defenestrado auditor José de Jesús Martínez Loredo al congreso, el edil perredista resultó impoluto en observaciones financieras y apenas sacó 85 observaciones de carácter administrativo, la mayoría por violaciones a la ley.

En el primer arqueo del 2015, también salió ileso, aunque solo le correspondieron tres meses de ejercicio. El diputado panista con licencia, Enrique Flores, involucrado en el video escándalo de sobornos, exaltó al edil, al que le dijo que con dinero por delante y efectivos gestores, se puede obtener el título del mejor alcalde del mundo.

No obstante que los informes de las cuentas públicas del ejercicio 2016 de los 58 ayuntamientos fueron rechazados y se someterán a un nuevo análisis, resultan inverosímiles los datos que plasmó Martínez Loredo. El pretexto reiterado en el documento para no escudriñar los mayores montos del presupuesto que ejerció Gallardo Juárez en el 2016 y que superó los 2 mil 623 millones de pesos, fue que la Auditoria Superior de la Federación iba a fiscalizar de manera directa los recursos del ramo 33 y 28, que corresponden a las participaciones federales del fondo para la infraestructura estatal y municipal del programa de fortalecimiento para la seguridad y el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal.

Se destaca en las observaciones de tipo administrativo que Gallardo no presentó ni publicó un Plan Municipal de Desarrollo ni tomó en cuenta al consejo de desarrollo municipal al ejecutar obras y acciones, ya que en todo el 2016 no sesionó. La norma marca que debe hacerlo cuando menos una vez al mes y tampoco se designó al secretario técnico del organismo.

Lo que el informe si revela es la actitud de edil para despedir al mayor número de empleados, con el falaz argumento de adelgazar la nómina y destinar los recursos para obras. Hasta el 31 de diciembre del 2016 tenía en proceso 476 juicios laborales, de los cuales 308 son del 2015 y 2016 y 165 datan del 2007 al 2014. Tampoco el gasto en servicios personales disminuyó. Se destinaron al rubro que engloba sueldos, dietas y prestaciones laborales, mil 182 millones 486 mil 28 pesos. Es decir, casi el 50% del presupuesto autorizado por el congreso para el ejercicio 2016, que fue de 2 mil 440 millones de pesos.

No privó la austeridad que se pregonó, pues el cabildo se auto asignó compensaciones extraordinarias por 12 millones 805 mil 790 pesos, una de 6 días de salario en la quincena del 16 al 30 de junio y otra de 41.50 días en la quincena del 16 al 31 de diciembre del 2016. El alcalde Ricardo Gallardo Juárez percibió por el concepto 975 mil 13 pesos. Los 15 regidores obtuvieron, cada uno, 696 mil 136 pesos. La síndica María Isabel González Tovar alcanzó 769 mil 473 pesos. El síndico Juan Eduardo Martínez Oviedo, 508 mil 565 pesos y el síndico Miguel �ngel Contreras Carrizales, el que menos logró, 110 mil 699 pesos.

En materiales y suministros, el gasto en el 2016 fue de 124 millones 511 mil 293 pesos. Los montos más altos fueron  para materiales y artículos de construcción y reparación en donde se erogaron 41 millones 743 mil 226 pesos. En combustibles y lubricantes, 38 millones 964 mil 932 pesos y 16 millones 859 mil 212 en el general rubro “material de administración, emisión de documentos y artículos institucionales�.

El ayuntamiento de San Luis Potosí erogó 428 millones 24 mil 420 pesos en servicios generales. Los gastos mayores fueron para el pago de alumbrado público por 112 millones 44 mil 17 pesos, 61 millones 195 mil 997 pesos para cubrir servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, 43 millones 325 mil 486 pesos para servicios de comunicación social y publicidad, gasto que se destina a exaltar la imagen del edil en medios acríticos a su desempeño. Se pagaron 23 millones 756 mil 728 pesos por servicios de fotocopiado, apoyo administrativo, traducción e impresión y 55 millones 395 mil 600 pesos en servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.

Todas las erogaciones que en el 2016 realizó el ayuntamiento que encabeza Ricardo Gallardo Juárez no recibieron el mínimo reclamo financiero por parte de los auditores, que tampoco encontraron evidencia de casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores, cuando es conocido que por lo menos, el edil contrató como asesor y chofer a su yerno Juan Pascual Salinas al que le paga con recursos públicos.

Para no hacer tan evidente lo inmaculado de los números, Martínez Loredo, en las 85 observaciones administrativas que le hizo al edil, enumeró 12 veces no haber sesionado el consejo de desarrollo social, cuando lo pudo englobar en una sola línea y decir que en todo el 2016 no se reunió. Lo objetó casi con temor, pues no dio el monto pagado. No entregó documentos que comprueben el gasto y evidencia de los trabajos efectuados por algunos proveedores y personas físicas que prestaron servicios profesionales.

Al revisar las observaciones de los auditores, se puede concluir que al proveedor Integración Informática y Administración del Centro se le pagaron a través de transferencias electrónicas 10 facturas por asesoría en materia de seguridad digital, electrónica y mantenimiento de un equipo del departamento de seguridad pública. No se indica el monto de cada una de las facturas, los pagos se hicieron el 31 de abril, 31 de mayo, 11 de julio, 12 de agosto, 14 de septiembre, 18 de octubre, dos el 8 de diciembre y dos el 31 de diciembre del 2016. No se presentó contrato de honorarios ni un informe de las actividades realizadas. Los servicios los solicitó el director de innovación tecnológica del ayuntamiento, Eduardo Baños González.

No presentó comprobante de gastos ni evidencia de los trabajos revisados de la compra de 5 tambos de 200 litros de pintura amarilla al proveedor Fedalyso S.A. de C.V. Tampoco se mostró el contrato de la adjudicación y comprobantes de los trabajos hechos por el mismo proveedor al que adquirió 1500 metros de cable de aluminio y otro material eléctrico. Se observó el pago de 1400 licencias de Google Apss para Word que se cubrieron al proveedor Información y Análisis Empresarial S. de R. L. de C.V. No se presentó el contrato ni el informe ejecutivo de actividades. Otras observaciones de tipo administrativo fueron por no presentar convenios de servicios de asesoría y capacitación ni evidencia de los empleados que la recibieron. Se cuestionó el pago de 4 facturas al proveedor Laboratorio de Softaware Sitilab, S.A. de C.V. que prestó asesoría en sistemas de indicadores de calidad. El entonces director de seguridad pública, Antonio Garza Nieto, no sustentó comprobantes de asesorías que pagó a los prestadores Blanca Lila Reynaga Navarro que capacitó en defensa personal a Samuel Andrés Ferrándiz Soto que prestó servicios extraordinarios, lo asesoró en materia de seguridad pública y protección civil y Armando Miguel García Cuevas al que se le cubrieron 3 facturas por capacitación en planeación estratégica.

Se cuestionaron pagos por asesoría legal que se hicieron a Data Legal Abogados, por capacitación a favor del Bufete de Proyectos, Información y Análisis S.A. de C.V. y pagos de honorarios durante todo el 2016 a favor de Laura Luz Cuevas por asesoría en proyectos de desarrollo en gestión de calidad. Hubo finiquitos de los que no se presentaron documentos probatorios para Marcela Martínez Reyes por asesoría y procedimientos modernos de auditoria o erogaciones a la proveedora Ana Patricia Morales, que lo mismo rentó toldos y equipo de audio que imprimió 19 mil 100 trípticos publicitarios de los que no mostraron evidencia alguna. El monto total cubierto por Gallardo Juárez en el rubro de “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros� fue de 61 millones 195 mil 997 pesos.

En observaciones no cuantitativas, Gallardo no presentó evidencia de las reparaciones o el mantenimiento a inmuebles que realizó el proveedor Alejandro Shiguetomi Díaz al que se le pagaron a través de transferencia bancaria 4 facturas. No se comprobó el destino del gasto ni se exhibió memoria fotográfica de los trabajos efectuados. No presentaron contratos de arrendamiento de oficinas y locales que ocupa el ayuntamiento. No actualizaron expedientes de proveedores. Nimiedades si se toma en cuenta que no hubo auditoria a obras públicas mayores que efectúa Gallardo, como el tan exaltado pavimento de calles.

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