Por encontrar evidencias suficientes que acreditaron la violación a los derechos humanos, al acceso y la procuración de justicia en contra de Karla Pontigo Lucciotto, su madre María Esperanza Luccioto López y su hermano Fernando Lucciotto, el 30 de diciembre del 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación al gobernador Juan Manuel Carrera López. Le refirió que la Procuraduría General de Justicia, encabezada por Miguel �ngel García Covarrubias, a través de cuatro ministerios públicos y cuatro peritos, entorpecieron las pesquisas, dilataron e integraron de manera irregular los expedientes, además de vulnerar los derechos de los familiares en su calidad de víctimas.

Sobre los agentes del ministerio publico, a uno lo responsabiliza de no reconocer desde el inicio, los derechos de los familiares de Pontigo en su calidad de víctimas, pues les negó incluso el acceso a la procuraduría y no les permitió a sus abogados analizar el expediente. Tampoco aportar pruebas para integrar la averiguación. Además omitió practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Sobre un segundo agente ministerial, el que acudió al Hospital Central a tomar la declaración a la agredida, cuando fue avisado por una doctora que se recibió lesionada, el documento precisa que el agente presentó una diligencia no clara. Se presta a confusiones sobre el estado real en que se encontraba la víctima. En el mismo reporte dice que le tomó sus datos generales, como nombre, edad, estado, ocupación y estado civil, pero también señala que no fue posible abordarla tomarla porque estaba inconsciente y sedeada.

Lo responsabiliza por efectuar una inspección inexacta. Sólo mencionó que estaba sedada y que le habían amputado la pierna derecha. No anotó todas las lesiones que tenía. No ordenó acordonar en lo inmediato el bar donde sucedieron los hechos el 28 de octubre del 2012. En una reconstrucción de los sucesos, la fiscal no consignó la posición del cadáver, los testigos, el volumen del sonido que había, el momento en que se dieron cuenta de lo ocurrido y el tiempo en que se tardaron en auxiliarla. La diligencia la efectúo solo con 3 testigos y no con la totalidad de los que estuvieron presentes. Omitió informar por qué actuó de tal manera. Un tercer agente no cumplió sus funciones previstas en la ley al no interrogar a los médicos forenses, a los paramédicos y testigos presentes.

Un cuarto ministerio público es responsable también de no resguardar el bar, los objetos relacionados y tomar todas las providencias necesarias para evitar que se perdieran o se alteraran. Omitieron resguardar y asegurar, por ejemplo, la ropa que vestía la víctima, que le fue retirada en el Hospital Central. Un mes después, a petición de los representantes legales de los familiares, se realizó el aseguramiento. En suma, “los 4 ministerios del fuero común, se abstuvieron de practicar y realizar todos los actos conducentes para la comprobación del cuerpo del delito y realizar las diligencias necesarias para la indagatoria. Actuaron sin respetar en todo momento los derechos de los familiares�.

En cuanto a los 4 peritos, la comisión resume que son responsables de actuar con impericia, emitir dictámenes carentes de conocimientos científicos o empíricos, lo que impidió se realizara una correcta integración de la indagatoria. Entre otras fallas, describe que solo tomaron 11 placas de algunos lugares del bar. Las impresiones no cumplen los cánones que se establecen en la fotografía forense. No hubo una intervención inmediata en materia de criminalística de campo. No hubo un examen de las manos de la víctima que pudiera determinar la existencia o no, de uñas rotas que indicaran un probable mecanismo de defensa. No se aplicó la técnica de raspado de uñas para determinar la presencia de piel o sangre y determinar su origen, entre otros.

La recomendación acota que independiente a la responsabilidad de los 8 funcionarios, la procuraduría es responsable por no contar con los medios necesarios para desarrollar sus funciones, al no contar con un espectrofotómetro y un cromatógrafo de gases, necesarios para efectuar un examen químico y toxicológico en muestras de sangre. Los aparatos estaban fuera de servicio. No existía una área de anatomía patológica. La dependencia tampoco hizo nada para subsanar las carencias y pudieran efectuarse los dictámenes periciales necesarios.

La comisión nacional pidió a la contraloría interna, iniciar una investigación administrativa y formular una denuncia de hechos ante el ministerio público para determinar las responsabilidades de todos los funcionarios involucrados y sancionarlos por violación a los derechos humanos. Pidió una reparación del daño integral a los afectados e inscribirlos en el Registro Estatal de Victimas del Estado para que puedan acceder al fondo de ayuda y asistencia. Se capacite a los ministerios públicos para que acaten las disposiciones jurídicas vinculadas con la procuración de justicia y la atención de los derechos humanos a las víctimas del delito, cuando se integre la averiguación previa. Se les imparta un curso en derechos humanos, el procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos. La instancia exige, le remitan constancias que acrediten el cumplimiento.

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