El gobernador Ricardo Gallardo Cardona culpa incesante a su antecesor Juan Manuel Carreras de dejarle una “herencia maldita”, que se traduce en incontables corruptelas. El estribillo alude a que tan sólo el doctor en derecho, se embolsó en lo individual, 20 mil millones de pesos, coludido con sus principales cómplices, el ex secretario de educación, Joel Ramírez. Su vocero, Raúl Camacho. El ex titular de desarrollo urbano, vialidades y desarrollo, Leopoldo Stevens Amaro. El de comunicaciones y transportes, Fernando Chávez y la de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, ahora encerrada en las mazmorras de La Pila, lo que se tradujo en una especie de ajuste de cuentas, una venganza del patriarcado machista, como se dijo en las redes sociales. Los pocos defensores de la víctima, sostienen que fue traicionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que antes de las elecciones, ya había pactado con el dueño de la franquicia del Verde Ecologista, Manuel Velasco, para entregarle la gubernatura donde estuvieron mejor posicionados. Lo que sucedió en San Luis, con el próspero vendedor de pollos, Ricardo Gallardo Cardona y su padre, el ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, a los que el tabasqueño prometió encerrarlos por “mafiosos”.
A Rangel también la vendió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que de manera abierta y subrepticia, externó simpatías por su ex compañero en el congreso federal. Promovió dos falsas consultas para elegir al “mejor perfil” en la entidad, cuando ya había decidido por la ex funcionaria, acusada de desfalcos millonarios al frente de salud, comprar medicamentos caducos para el cáncer, ocultar insumos en bodegas, manejar de manera deficiente la pandemia del covid, lo que incrementó el número de decesos. Fue por lo que se ganó el mote de “Doctora Muerte”. Su jefe Carreras la abandonó antes de colarla con trampas y escándalos. Hizo lo mismo con el coaligado, Octavio Pedroza, ya que le debía su llegada al mando a los Gallardo, a los que encargó en el 2015, hacerle un fraude de estado a la opositora panista, Sonia Mendoza, por lo que en los últimos comicios, les entregó sin reticencias, el manejo absoluto del Consejo Estatal Electoral, para rellenar las urnas a su antojo, sin el mínimo reclamo.
Rangel fue detenida en el Estado de México y será juzgada por malversar 22.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para combatir el Covid 19, pero acabaron en las cuentas de la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México. Le hizo compras sin concurso público, según la Auditoria Superior del Estado. Le adquirió 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la huasteca. También fueron arrestados por la misma conducta delictiva, el ex jefe del Departamento Estatal de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Juan Francisco Martínez Perales, subalterno del ex director de salud pública, Miguel Ángel Lutzow Steiner, que luego suplió a Rangel. La subdirectora administrativa, Patricia Gómez, que dependía del presidente del comité de adquisiciones, Salvador Cerda. Otro fue el representante legal de la firma beneficiada, Jorge Fernando N. El juez de control fijó un plazo de tres meses para realizar las investigaciones complementarias del caso.
El fiscal José Luis Ruiz Contreras le imputó a Rangel los delitos ejercicio abusivo del cargo público, asociación delictuosa y fraude por los que, si se le encuentra responsable, podría pasar entre 25 y 27 años encerrada. Con la captura de la ex secretaria de salud, Gallardo abrió la Caja de Pandora. Le reclamaron deje impune a Carreras, al que no tendrá problemas en investigarlo, pues ya le documentó un daño al erario por 20 mil millones de pesos. En la trama de corruptelas, no es ajeno el ex vocero, Raúl Camacho Muñoz, que a raíz de las conferencias cotidianas para abordar el tema del Covid 19, aprovecharon la coyuntura para destapar como candidata de Morena a la gubernatura a Rangel. La usaron de camuflaje para encubrir su absoluto respaldo al boyante vendedor de pollos. Camacho usó el cargo para entregar contratos millonarios, sin licitar, a la empresa publicitaria Doblezero, cuyo dueño es Mauricio Ayala, hijo de Alberto Ayala Flores, asesor del fallido fiscal, Federico Garza.
Por temor a las represalias del nuevo mandatario, ya que le dio entrada a las demandas penales en contra de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, el ex procurador optó brincar al cómodo cargo de secretario de la universidad autónoma, donde podría sumar a su incómodo escudero, Camacho, que ya sacó ventaja de los acuerdos palaciegos, al ubicar a su hija, Yolanda Camacho, como titular del archivo histórico, donde sustituyó al polémico Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”. Le restregaron a Gallardo aplicar la justicia con criterios misóginos, un acto del bárbaro machismo. No se arredró al no considerar que la detenida entró convaleciente de una cirugía por cáncer de seno. También le exigieron sancionar al ex munícipe de la capital, Xavier Nava, si tiene las evidencias en la mano, por tapizar la nómina de aviadores, lo que generó un fraude al erario y el ejercicio indebido del cargo.
Pero también debe sancionar a su progenitor, que carga querellas penales por más de 2 mil millones de pesos. El líder de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, ha realizado sumas precisas y estipula que los Gallardo pudieron afectar a la hacienda pública con más de 20 mil millones de pesos, con los que han comprado miles de propiedades en la capital y el extranjero. Además de Rangel, antes pisó las celdas, el ex secretario de seguridad, Jaime Pineda, acusado por desvío de recursos y peculado, al comprar con precios inflados, sistemas de monitoreo inteligente. Se ha especulado que Gallardo actúa con criterios miméticos. Se esfuerza al máximo por ser y parecerse lo más cercano a su principal mecenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no cesa de fustigar a la llamada “Mafia del Poder”, por lo que apenas encerró a la ex secretaria de desarrollo social, Rosario Robles y al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.
Se rumora que Gallardo busca ser una copia fiel de su homólogo de Monterrey, Samuel García Sepúlveda, que acaba de encarcelar a su predecesor, Jaime Rodríguez “El Bronco”. El futuro de Carreras pende del ánimo de su relevo, según determine a quien quiere imitar en definitiva. “El Pigmaleón” Gallardo aprovecha la coyuntura para meterse al rejuego de las encuestas nacionales donde busca suceder al tabasqueño. Tal vez también aspira a impactar a sus contrarios con arrestos ruidosos. En las cruentas venganzas, sobresalen algunas aristas que pueden resultar contradictorias. Por ejemplo, se juntan en la cárcel, por sus historiales fraudulentos, Rangel y su otrora cómplice, el motivador y dueño de empresas fantasmas y factureras, Gabriel Salazar Soto.
Gallardo fue criticado en las redes sociales de escupir para arriba, al castigar los saqueos de Rangel en su desempeño burocrático. Pero en esencia, es el mismo caso que pudo llevarlo a la cárcel, al malversar como alcalde de Soledad, más de 200 millones de pesos, que lavó a través de diversas firmas, como las clínicas Wong y Axioma Kuzuri. No es casual que ahora busque con denuedo, convertirse en altruista promotor de investigaciones sobre el cáncer. Los saqueos de los Gallardo en 15 años, los hizo sólo en un sexenio Carreras, al que se niega llamar a cuentas. Rangel y Gallardo defendieron a ultranza las tesis de la llamada Cuarta Transformación. Pero en campaña, la ex secreta1ria de salud y Mario Delgado, despotricaron contra el ex diputado federal, al que acusaron de delincuente y no tener el perfil ético para representar el cambio digno. Pero Gallardo ganó con el Verde Ecologista. López Obrador y Delgado, acomodaticios, rápido encomiaron su triunfo, que hicieron suyo. Rangel fue traicionada por todos y ahora paga los robos cometidos en equipo.
Aunque al principio Gallardo se desligó de perseguirla en términos judiciales, al momento de encerrarla, Ruiz confirmó que fue resultado de una denuncia local. Sin embargo, Rangel desde antes se miró envuelta en el escándalo. Fue cuestionada de ganar más que Carreras y López Obrador, al percibir en el 2016, un salario mensual de 222 mil pesos, lo que reconoció al comparecer ante el congreso local. El tabulador establecía un límite para los trabajadores de confianza de 128 mil pesos. Se le involucró en un accidente, que nunca se aclaró, cuando se auto lesionó al recibir el disparo de una pluma-pistola calibre 22, que usaba para su defensa personal. Los hechos se registraron en una casa que tiene en Axtla de Terrazas. Rangel fue denunciada de entregar contratos de limpieza y mantenimiento por 200 millones de pesos al motivador y falso empresario, Gabriel Salazar Soto, acusado de esquilmar a cientos de ahorradores que les prometió altos intereses mensuales en las inversiones fraudulentas que manejó a través de la insolvente firma Invercorp.
Le pagó 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasmas relacionados con la campaña presidencial del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. El Comité Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios, detectó en el 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, le vendieron a Rangel insumos oncológicos adulterados en dos ocasiones. Las firmas tenían como operador financiero a Abraham Ábrego, cercano al ex mandatario, ahora preso. A mitad de enero del 2021, cuando se registraban en promedio 300 casos de Covid diarios, Rangel pidió licencia al cargo para buscar la gubernatura por Morena, donde generó un cisma interno. La militancia la rechazó por militar en el PRI y su conducta delictiva. En agosto del 2021, la descobijó su brazo derecho, Miguel Ángel Lutzow, al denunciar que había 423 toneladas de medicamentos guardados en el Almacén Central del Estado.
El organismo Ciudadanos Observando denunció que Rangel le entregó contratos ilícitos a Gabriel Salazar por 176.4 millones de pesos, donde incluyó negocios con domicilios inexistentes o desvinculados de sus dueños, con manejo involuntario de agremiados, montaje de concursos donde participaron los mismos socios y falsificado de firmas. Descubrió una red de defraudadores con despliegue en México, Morelos y Estado de México. Salazar creó el Grupo Infinite, con 24 empresas dedicadas a los servicios financieros, contables, limpieza y seguridad privada. A través de Invercorp Capital Financial, cometió un fraude que podría superar los mil millones de pesos en perjuicio de inversionistas a los que prometió intereses del 10% en los ahorros que le confiaron, cuando la banca comercial ofrece el 6% anual.
El auge de Salazar Soto empezó en octubre del 2015, al mismo tiempo que inició el sexenio de Carreras. Los vínculos que tenía con Rangel, le facilitaron jugosos contratos de limpieza en los hospitales públicos. Extendió sus influencias por las conexiones que logró en el Seguro Social y otras dependencias estatales. Creó toda una red de razones sociales y personas físicas para ofrecer servicios de facturas a instancias públicas como a personas y empresas privadas. Un ejemplo ilustra el modo en que el dueto cometió múltiples estafas. Uno de sus presuntos allegados, Emanuel Aureliano Moreno Márquez, recibió pagos por 11.9 millones de pesos en el 2018. Cuando fueron interrogados sus padres, casi se infartan al enterarse que era socio del Corporativo Ribe de San Luis, ya que padece una incapacidad. Ignoraban que su nombre aparecía en el acta constitutiva de una compañía, con domicilio fiscal en la colonia Clavería, de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Además, dos años antes, trabajó en Scoltta Seguridad Privada, una compañía vinculada a Salazar Soto. En el acta constitutiva del Corporativo Ribe, apareció como accionista de Moreno, Yoel Guerrero Camarillo, quien dio de domicilio, una casa ubicada en la colonia Independencia, de la capital potosina. Era también el sitio fiscal de otros compinches de Salazar, en varias empresas, Raymundo Guerrero Rangel y Sandra Camarillo Reyes.
Salazar tejió un conglomerado de negocios que formaron una compleja red en la que se mezclaban parientes y cercanos colaboradores. Ciudadanos Observando detectó que Flor Janeth Rivera Aguilar, esposa del auto llamado Príncipe del Emprendimiento, era también su socia en Desarrollo e Infraestructura Absac, en Kubal ZF Comercializadora Integral y en Impulse Fibra de Inversión en Bienes y Raíces. Su hermano, Jonathan Salazar Soto, apareció en Impulse. Raymundo Guerrero en Absac y Corporativo Ribe. En varias licitaciones, las firmas alevosas competían entre sí para salvar los protocolos. Otra variante fue usar datos de terceros sin estar enterados o dar su permiso para competir. Como pasó con Verónica Martínez Alfaro, incluida en once firmas vinculadas a Salazar. A Claudia Lucía Pérez Rodríguez la metieron a M&M Mantenimiento, que utilizaron de comparsa en algunas licitaciones. Informó que antes fue auxiliar administrativa en el Corporativo Infinite.
Otros latrocinios sin castigo
El secretario de comunicaciones y transportes, Leonel Serrato, sin dar nombres, denunció los saqueos que pueden alcanzar a los ex gobernadores Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras. Sus antecesores en el cargo, Ramiro Robledo y Fernando Chávez, actual secretario del ayuntamiento de la capital. Los ex titulares de la Junta Estatal de Caminos, Porfirio Flores y Macrina Martínez Pozos y los contratistas a los que se asignaron los trabajos. Interpuso una querella en la fiscalía por los posibles delitos de cohecho, abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades. Destacó que en la entrega-recepción, se detectaron anomalías en los contratos y gastos del transporte denominado Red Metro, que consiste en “dos corredores de transporte masivo en la zona metropolitana de San Luis Potosí”. El gasto estimado fue de 640 millones de pesos.
Relató que desde el 2010, el gobierno estatal realizó gestiones para obtener financiamiento y ejecutar las obras. Obtuvo dos fideicomisos de 15 y 166 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios. Se acordó hacer aportaciones de la hacienda estatal para concretar los planes. La denominada “Red Metro” o “Metrobús”, tenía como objetivo, hacer una nueva variante de transporte masivo que habita la zona metropolitana. Implicó realizar diversas obras, vialidades, corredores especiales para el paso de los autobuses, terminales de transferencia, señalética, paradores, infraestructura peatonal y comprar unidades denominadas Bus Rapid Traficc. Pero no había expedientes técnicos completos. Se autorizó el pago total contratado, cuando no hubo avances, lo que supone manejos irregulares de los gastos. Al realizar un chequeo físico, se encontró que no hay el carril destinado para el tránsito de los camiones.
El notario con licencia expuso que el gobernador será implacable al defender el patrimonio de los potosinos, para lograr un cambio verdadero. Insistió en los 170 millones de pesos iniciales para la magna obra, donde apenas se usaron de 30 a 40 millones y no existen vestigios. Ubicó como principal defraudador al ex titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens. “Creo que va a empezar a dormir mal, ante los señalamientos de la Red Metro, la cual entregó incompleta, solo con una camión en funciones, sin darle continuidad a largo plazo”. Serrato interpuso otra demanda por los manejos indebidos en la red de telecomunicaciones y miles de tarjetas de prepago durante la pandemia. Las empresas que operan las plataformas, despojan de su dinero a los usuarios. Propuso al congreso del estado, una reforma para que el gobierno regule el sistema de prepago en el transporte público.
Crear una tarjeta única para cubrir el servicio, en cualquier modalidad. “Buscamos un pase de transporte general, para subir a un camión o taxi en las cercanías de los municipios. No es muy costoso, no afectará al erario. Además, ya existe en otros lugares del mundo. Hay mucha rata metida que se roban los centavos. Son las empresas tecnológicas que le ponen unos algoritmos para defraudar”. El mismo Gallardo Cardona resaltó que “que en el tema del Metrobús, hay un fuerte robo en despoblado de la maldita herencia. Se gastaron más de 170 millones de pesos, de los cuales sólo comprobaron 20. Se robaron más de 50 millones de pesos. Saquearon otros 68 millones del gobierno estatal. Lo peor es que tuvieron el descaro de meter ampliaciones de obra por 48 millones de pesos más”.
“No existen las unidades que deben circular en la ruta prevista. No hay paradores y menos el carril por donde transitar. El objetivo se encuentra en ceros, no obstante el gasto de recursos públicos para atender una de las demandas más recurrentes de los potosinos, que es la movilidad. Ante tantos saqueos, se alistan las denuncias correspondientes para presentarlas a las autoridades fiscalizadoras y de justicia, para que se investigue el robo, un daño mayúsculo al erario. Se procederá contra la Seduvop, JEC y los involucrados en el tema”. Gallardo Cardona tiene pendiente castigar los saqueos que hizo el ex secretario de educación, Joel Ramírez Díaz, coludido con Carreras, por más de 3 mil 500 millones de pesos, que debieron destinar a las afores, escuelas seguras y programas de inglés.
Tuvieron de cómplice a la ex administradora de la Sege, Sandra Rojas, que ahora labora en la secretaría de finanzas. La ayudaron en los desfalcos, Lis Minerva Irurzo y Daniela Rocha, entre otras, que cobraron excesivos sobornos a proveedores, lo que les permitió viajar al extranjero, someterse a cirugías estéticas y tener gordas cuentas bancarias a salvo de miradas incómodas. Sacaron ventaja en el turbio reparto de los libros de texto gratuito, donde hubo pagos excesivos de gasolina y uso de facturas apócrifas. Un gran exponente de la “herencia maldita”, es el director de la Comisión Estatal de Agua, Jesús Medina Salazar, acusado de ganancias ilegales por más de 7 mil millones de pesos, al acaparar contratos carreteros a través de empresas fantasmas. El ex diputado federal de Morena, Ricardo del Sol, expuso que las denuncias presentadas a la fiscalía de la república y local, contienen número de expedientes, monto de recursos, lugares y tiempos de ejecuciones. Con dinero sucio, patrocinó y ganó la alcaldía de Valles para su hermano, David Medina. Otro escándalo que Gallardo debe atender es la denuncia contra la ex directora de los Colegios de Bachilleres, Marianela Villanueva, a la que su relevo, Rita Salinas Ferrari, acusó de omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta por más de 160 millones de pesos. La acusó de corrupción y peculado al usar las instalaciones del plantel 04 del Naranjo, para beneficiar a una universidad privada sin que hubiera acuerdo por escrito
