Todas las entradas de: La Noticia

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Gallardo promueve festivales que denigran a la mujer y la cultura

                            

El profesor de música del Instituto Potosino de Bellas Artes, Agustín Martínez Olvera, denunció que el certamen de talento y carisma, Mexicana Universal, que promueve la secretaría de cultura, sin transparentar los recursos públicos, denigra a la mujer, por no contar con una cara bonita ni un cuerpo delgado. En lugar de valorarla por sus aptitudes para desarrollar una disciplina artística e inteligencia.

Expuso que el concurso es un claro detonante para exacerbar el acoso sexual y laboral. “No existe una propuesta en el ámbito educativo. No hay becas para los estudiantes en artes. No hay respaldo a los profesores. Falta seguridad. No es cierto el lema Potosí para las potosinas, ya que se trata de un espectáculo frívolo. En cambio, ha crecido la violencia contra las mujeres, las desaparecen y asesinan”.

“El gobernador Ricardo Gallado prefiere montarse en sus caballos de raza y no se aplica a resolver los problemas torales que azotan la entidad. Se archivan e ignoran las denuncias por maltrato a las mujeres, como pasó en la universidad autónoma. No se notaron los cambios ni cesaron a los catedráticos acosadores”.

Indicó que Gallardo limita el concepto de cultura a festivales de música ruidosa y espectáculos para entretener. “Para seguir con la ruta de pan y circo. Fomenta a alta escala, el alcoholismo entre los jóvenes. No hay proyecto cultural. Cada semana regala boletos para el concierto de un grupo norteño, con la condicionante de ponerse un sombrero. Obsequia entradas a un partido de fútbol. Es el pretexto para desviar recursos que debía destinar a programas formativos”.

Expuso que el mandatario sigue fiel el ejemplo de su padre Ricardo Gallardo Juárez, experto en ocultar los gastos públicos. El certamen de belleza se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad del parque Tangamanga uno, que hace poco, se remodeló la fachada, “con vigas oxidadas, donde se gastaron 200 millones de pesos, sin detallar las erogaciones”.

“La mayoría de la comunidad artística no aprueba el concurso, que no dignifica a la mujer ni a la cultura”. La dependencia encargada de ejecutarlo, lo promueve como la alternativa de mostrar la capacidad de logística del estado, para organizar actos de gran calidad. Y que tendrá un gran impacto económico y turístico. Se llevará a cabo del 30 de abril al 22 de mayo del año en curso.

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Congreso aprueba dictamen para crear comisión especial de atención a periodistas

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para crear la Comisión Especial de Atención a Periodistas con el objetivo de establecer sus atribuciones, pues el periodismo es una actividad que convierte a quienes lo ejercen, en sujetos de agresiones de quienes detentan los poderes fácticos y, en algunos casos, desafortunadamente, por personas del servicio público.

Las facultades de la Comisión Especial de Atención a Periodistas serán; Recibir quejas y denuncias de personas periodistas; Recibir, para emitir opinión, iniciativas, y puntos de acuerdo, en materia de protección al ejercicio del periodismo; Dar seguimiento ante las instituciones competentes de denuncias o quejas por violaciones a los derechos humanos de personas que se dedican al ejercicio del periodismo.

La propuesta fue presentada por la diputada Gabriela Martínez Lárraga quien dijo que, la libertad de expresión es un derecho humano que debe ser protegido con especial responsabilidad, pues la labor que realizan los medios de comunicación es vital para el fortalecimiento democrático.

Consideró que las y los periodistas son quienes necesitan no solo representación sino un contrapeso político en el amparo y protección su labor periodística, razonamientos por los que se propuso crear la Comisión Especial de Atención a Periodistas de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, con el propósito de dar atención y seguimiento a las denuncias y quejas presentadas ante las instituciones competentes.

Los diputados Eloy Franklin Sarabia, René Oyarvide Ibarra y las diputadas Emma Idalia Saldaña Guerrero y Bernarda Reyes Hernández hicieron un pronunciamiento a favor de la protección de las y los periodistas, pues ante momentos tan complicados como los que se viven actualmente en el país, es importante garantizar el ejercicio de la profesión.

Resaltaron el compromiso del Poder Legislativo para crear los instrumentos necesarios que permitan fortalecer los mecanismos de protección, la leyes y el trabajo interinstitucional, logrando así buenos resultados en la protección de los derechos humanos y las garantías individuales.

Finalmente, la diputada Gabriela Martínez Lárraga comentó que, si bien es cierto San Luis Potosí es considerado un lugar seguro para ejercer el periodismo, se deben procurar mecanismos que den atención y seguimiento a las denuncias que por el ejercicio de esta profesión se pudieran generar.

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La muerte sin resolver de Alan Francisco Ibarra Castillo

                             

La señora Silvia Castillo, sigue en su incansable lucha por alcanzar justicia en el asesinato de su hijo Alan Francisco Ibarra Castillo. Ponga atención en su dicho, es revelador para iniciar una verdadera pesquisa en torno al cruento homicidio. El 17 de mayo de 2019, se presentó ante la Unidad de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí, lugar donde fue entrevistada y refirió que el motivo de su comparecencia voluntaria, era con el objetivo de solicitar, “se me otorgue la calidad de ofendida y decir los hechos que me constan, donde mi hijo, primero lo desaparecen y después lo encontraron fallecido”.

“Vivía en un departamento en la avenida Constitución, sin saber el domicilio, solo sé que se encontraba en la parte de arriba, de una pulquería. Lo acompañaba su pareja, de nombre Jessica, con la que vivió en diversos lugares. Tenían juntos como tres años, su trato era muy conflictivo, con muchos pleitos, ya que ambos fumaban marihuana. Desde que mi hijo la conoció, cambió en muchos aspectos. Como su manera de vestir y de ser, se influenciaba muy fácil. El sábado 23 de marzo del 2019, mi hijo llegó a mi casa cerca de las nueve de la noche. Venía del trabajo, ya que era coordinador de trailes, sin conocer el nombre de la empresa, que está en el eje 140 de la zona industrial”.

“Me comentó que andaba con un compañero de trabajo y me dijo que iba a salir a la casa de su primo, un hijo de mi hermana. Se fue y regresó como a la media hora. Me dijo que no había pasado ningún taxi para moverse. Mejor se quedaría en la casa, porque ya era muy tarde. Entonces sacó una silla y se sentó afuera de la vivienda. Al poco tiempo llegó José Adrián, quien es vecino. Se saludaron y lo invitó a una fiesta. También arribó mi otro hijo, el mayor, de nombre David y les dijo que si lo invitaban. Le dijeron que sí, pero que lo esperara, en lo que entró al baño. Pero Adrián se mostraba muy desesperado, les insistía en que se fueran. No los aguardó. Adrián y Alan se fueron en taxi”.

“Luego mi Alan no llegó a dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, fui a casa de Adrián, como a las 10 de la mañana. Me abrió la puerta su abuelo. Creo que su nombre es José, es una persona ya grande, es maestro jubilado. Todos le dicen El Profe. Le pregunté por Alan y Adrián. Me contestó que Adrián se había ido. Ya no lo busqué, esperé a que regresara. Como a las tres de la tarde, volví a la casa de Adrián. Me atendió su mamá, de nombre María. Me dijo que no había vuelto. Desapareció junto con una prima e iba a denunciar los hechos. Yo también me animé, para encontrar a mi hijo”.

“El domingo 24 de marzo del 2019, como a las siete u ocho de la noche, acudí a la fiscalía a denunciar la ausencia de mi hijo. Me  regresaron porque no llevé el acta de nacimiento, motivo por el cual regresé de nueva cuenta hasta el lunes 25, ya con los documentos y fotos. Hice la denuncia por la desaparición. En plena entrevista, me comentó la agente del ministerio público, de la Alerta Ámber, que también habían ido los familiares de Astrid, prima de Adrián, que habían estado juntos. Decidí suspender la denuncia e ir a buscar a mi hijo. Creí que ya había llegado y fui a su departamento de Constitución”.

“Pero estaba todo oscuro, ya era noche y nadie nos abrió. Entonces acudí a la casa de Adrián, traté de hablarle, pero estaba muy drogado. Sólo me dijo que los encaminó a la bodega Aurrerá. Se me hizo extraño, porque se contradecía. Si andaban en coche, le dio raid. O andaban a pie. Sin embargo, mi hijo no aparecía. Fue hasta el martes 26 de marzo del 2019, cerca de las 10 de la mañana, voy al departamento de mi hijo, pero nadie nos abrió. Hasta que salió la dueña que le renta el departamento a Alan, platicamos y le dije lo sucedido. Me dejó pasar al interior de la casa, pero el departamento estaba cerrado. Tenía las cortinas abiertas y pude observar que en su interior prevalecía el desorden”.

“Había latas de cerveza, trapos aventados, le pedí que si tenía las llaves. Me dijo que no me las podía prestar. Lo único que me comentó es que habían llegado como a las 10 de la mañana y bebieron alcohol. Hicieron borlote, se drogaron y los corrió, por lo que se fueron como a las 12 ó 13 horas del domingo. Es todo lo que me dijo la rentera. Motivo por el cual, el 26 de marzo, formulé mi denuncia en la fiscalía por la desaparición de mi hijo Alan Ibarra. Es todo lo que deseo manifestar. Lo que recuerdo al momento. Firmo mi entrevista de lo que manifesté a la autoridad”.

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Monitoreos sobre la calidad del aire deben ser obligatorios y difundidos a la población

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, analiza el Punto de Acuerdo que promueve el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández para exhortar a los tres niveles de gobierno para que, a través de las dependencias del medio ambiente, sean obligadas por parte del Estado a monitorear la calidad del aire y comunicar los resultados a la población.

Aguilar Hernández dijo que busca que sea obligatoria la norma y de esta forma, la población en general y en particular los grupos considerados como sensibles, puedan utilizar eficazmente la información brindada para tomar medidas de protección.

El Punto de Acuerdo exhorta al titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado, para que adopte las medidas necesarias a fin de que se den a conocer con la periodicidad y especificaciones técnicas contenidas en la NOM-172- SEMARNAT-2019, los resultados de la verificación de calidad del aire.

Asimismo, para que se lleven a cabo las acciones para que la APP denominada “AireSLP” sea un medio alternativo y visible en todos los sistemas operativos de teléfonos móviles, a su página institucional para conocer los datos de calidad del aire.

El diputado Juan Francisco Aguilar, consideró que por los antecedentes y justificaciones legales establecidas en el Punto de Acuerdo, se aprecia que existe una omisión por parte de la SEGAM, que redunda en privar a los habitantes de conocer de manera clara y oportuna la calidad del aire, y en consecuencia les impide tomar decisiones en beneficio de su salud.

Finalmente, hizo hincapié en que va en aumento el problema en la calidad del aire en San Luis Potosí y, la falta de información oportuna y clara por parte de las autoridades encargadas del medio ambiente puede poner en riesgo la salud de la población.

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Usan la Guardia Civil para sofocar protesta contra la inseguridad

La llamada Guardia Civil, recién creada por el gobernador Ricardo Gallardo, se estrenó hoy para disolver una protesta de motociclistas y automovilistas de la plataforma Uber y de servicios, que reclamaron mayores medidas de seguridad y se investigue el artero crimen de su compañero, Omar Alejandro Chávez, que murió asesinado en Quintas de la Hacienda, al resistirse a un asalto con violencia. Los quejosos bloquearon un sector de la carretera 57, a la altura de la plaza Sendero. Concluyeron a la entrada de la fiscalía. Otra vez apareció el protagonista secretario de seguridad, José Luis Urban Ocampo, quien se encargó que complicar las labores reporteriles, como lo hizo antes con sindicalistas que reclaman el pago de salarios caídos y ser expulsados de su fuente de trabajo por Gallardo, quién se niega a darles derecho de audiencia. Urban se dijo acosado por los medios informativos, lo que también calificó como un delito

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Rinden homenaje al “matador de dragones”

Un grupo de familiares y simpatizantes del ex alcalde de la capital, Salvador Nava Martínez, recordó sus aportes a la democracia a 30 años de su partida. El articulista de la revista Proceso, Miguel Ángel Granados Chapa, lo bautizó como “Matador de Dragones”, ya que colaboró en la lucha para derrocar al cacique huasteco, Gonzalo Santos y al controvertido dirigente nacional del magisterio, Carlos Jonguitud Barrios, que arbitrario, le negaba la entrega de participaciones que por ley, le correspondían al ayuntamiento de la capital. Provocó que el oftalmólogo saliera a las calles, con el pueblo a un lado, para denunciar el atropello. Algunos asistentes al acto luctuoso a la Plaza de la Democracia, externaron que está en ciernes otro cacicazgo ominoso en la figura del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que buscará quedarse varios sexenios con el mando. Constante, muestra su perfil intransigente. Ya planea quitarle el nombre de Salvador Nava a la avenida Himno Nacional. Será el mejor homenaje que le rinda al líder cívico, que nunca estuvo de acuerdo en que una rúa, donde hay tantos accidentes y muertes viales, llevara su nombre.

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Muere en atraco, el ex dirigente juvenil del PRD, Alejandro Chávez

El combativo ex dirigente juvenil del PRD en Soledad, Omar Alejandro Chávez Armendáriz, fue víctima de un atraco con violencia, por lo que recibió un balazo que le cegó la vida. Los hechos registran que se desempeñó como chofer de la plataforma Uber. Acudió a dejar un pasajero a Quintas de la Hacienda, en la carretera que conduce a Rioverde, donde se resistió al robo y perdió la vida de manera ilegal. Sus compañeros de labores iniciaron una recolecta de fondos para entregarla a los familiares. En una etapa de su vida, Chávez colaboró con el dueto de ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, que jamás supieron valorar su carisma y entrega por la ciudadanía. Luego militó en el PRD, donde criticó los saqueos impunes del ex dirigente estatal, Ignacio Segura Morquecho, ahora secretario de desarrollo social. Chávez censuró la incompetencia del gobernador Gallardo Cardona, para garantizar la vida y patrimonio de los potosinos. Criticó la ineptitud del fiscal, José Luis Ruiz Contreras, que enlodó las pesquisas donde murió víctima de feminicidio, su prima, Nayeli Alfaro. En un corto lapso, dos familiares sucumben a la creciente inseguridad que priva en San Luis, donde no bastan las diversas fuerzas públicas que Gallardo presume cada rato.

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Una cadena de traiciones lleva a Mónica Rangel a las mazmorras de La Pila

                        

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona culpa incesante a su antecesor Juan Manuel Carreras de dejarle una “herencia maldita”, que se traduce en incontables corruptelas. El estribillo alude a que tan sólo el doctor en derecho, se embolsó en lo individual, 20 mil millones de pesos, coludido con sus principales cómplices, el ex secretario de educación, Joel Ramírez. Su vocero, Raúl Camacho. El ex titular de desarrollo urbano, vialidades y desarrollo, Leopoldo Stevens Amaro. El de comunicaciones y transportes, Fernando Chávez y la de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, ahora encerrada en las mazmorras de La Pila, lo que se tradujo en una especie de ajuste de cuentas, una venganza del patriarcado machista, como se dijo en las redes sociales. Los pocos defensores de la víctima, sostienen que fue traicionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que antes de las elecciones, ya había pactado con el dueño de la franquicia del Verde Ecologista, Manuel Velasco, para entregarle la gubernatura donde estuvieron mejor posicionados. Lo que sucedió en San Luis, con el próspero vendedor de pollos, Ricardo Gallardo Cardona y su padre, el ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, a los que el tabasqueño prometió encerrarlos por “mafiosos”.

  A Rangel también la vendió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que de manera abierta y subrepticia, externó simpatías por su ex compañero en el congreso federal. Promovió dos falsas consultas para elegir al “mejor perfil” en la entidad, cuando ya había decidido por la ex funcionaria, acusada de desfalcos millonarios al frente de salud, comprar medicamentos caducos para el cáncer, ocultar insumos en bodegas, manejar de manera deficiente la pandemia del covid, lo que incrementó el número de decesos. Fue por lo que se ganó el mote de “Doctora Muerte”. Su jefe Carreras la abandonó antes de colarla con trampas y escándalos. Hizo lo mismo con el coaligado, Octavio Pedroza, ya que le debía su llegada al mando a los Gallardo, a los que encargó en el 2015, hacerle un fraude de estado a la opositora panista, Sonia Mendoza, por lo que en los últimos comicios, les entregó sin reticencias, el manejo absoluto del Consejo Estatal Electoral, para rellenar las urnas a su antojo, sin el mínimo reclamo.

Rangel fue detenida en el Estado de México y será juzgada por malversar 22.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para combatir el Covid 19, pero acabaron en las cuentas de la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México. Le hizo compras sin concurso público, según la Auditoria Superior del Estado. Le adquirió 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la huasteca. También fueron arrestados por la misma conducta delictiva, el ex jefe del Departamento Estatal de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Juan Francisco Martínez Perales, subalterno del ex director de salud pública, Miguel Ángel Lutzow Steiner, que luego suplió a Rangel. La subdirectora administrativa, Patricia Gómez, que dependía del presidente del comité de adquisiciones, Salvador Cerda. Otro fue el representante legal de la firma beneficiada, Jorge Fernando N. El juez de control fijó un plazo de tres meses para realizar las investigaciones complementarias del caso.

El fiscal José Luis Ruiz Contreras le imputó a Rangel los delitos ejercicio abusivo del cargo público, asociación delictuosa y fraude por los que, si se le encuentra responsable, podría pasar entre 25 y 27 años encerrada. Con la captura de la ex secretaria de salud, Gallardo abrió la Caja de Pandora. Le reclamaron deje impune a Carreras, al que no tendrá problemas en investigarlo, pues ya le documentó un daño al erario por 20 mil millones de pesos. En la trama de corruptelas, no es ajeno el ex vocero, Raúl Camacho Muñoz, que a raíz de las conferencias cotidianas para abordar el tema del Covid 19, aprovecharon la coyuntura para destapar como candidata de Morena a la gubernatura a Rangel. La usaron de camuflaje para encubrir su absoluto respaldo al boyante vendedor de pollos. Camacho usó el cargo para entregar contratos millonarios, sin licitar, a la empresa publicitaria Doblezero, cuyo dueño es Mauricio Ayala, hijo de Alberto Ayala Flores, asesor del fallido fiscal, Federico Garza.

Por temor a las represalias del nuevo mandatario, ya que le dio entrada a las demandas penales en contra de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, el ex procurador optó brincar al cómodo cargo de secretario de la universidad autónoma, donde podría sumar a su incómodo escudero, Camacho, que ya sacó ventaja de los acuerdos palaciegos, al ubicar a su hija, Yolanda Camacho, como titular del archivo histórico, donde sustituyó al polémico Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”. Le restregaron a Gallardo aplicar la justicia con criterios misóginos, un acto del bárbaro machismo. No se arredró al no considerar que la detenida entró convaleciente de una cirugía por cáncer de seno. También le exigieron sancionar al ex munícipe de la capital, Xavier Nava, si tiene las evidencias en la mano, por tapizar la nómina de aviadores, lo que generó un fraude al erario y el ejercicio indebido del cargo.

Pero también debe sancionar a su progenitor, que carga querellas penales por más de 2 mil millones de pesos. El líder de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, ha realizado sumas precisas y estipula que los Gallardo pudieron afectar a la hacienda pública con más de 20 mil millones de pesos, con los que han comprado miles de propiedades en la capital y el extranjero. Además de Rangel, antes pisó las celdas, el ex secretario de seguridad, Jaime Pineda, acusado por desvío de recursos y peculado, al comprar con precios inflados, sistemas de monitoreo inteligente. Se ha especulado que Gallardo actúa con criterios miméticos. Se esfuerza al máximo por ser y parecerse lo más cercano a su principal mecenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no cesa de fustigar a la llamada “Mafia del Poder”, por lo que apenas encerró a la ex secretaria de desarrollo social, Rosario Robles y al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

Se rumora que Gallardo busca ser una copia fiel de su homólogo de Monterrey, Samuel García Sepúlveda, que acaba de encarcelar a su predecesor, Jaime Rodríguez “El Bronco”. El futuro de Carreras pende del ánimo de su relevo, según determine a quien quiere imitar en definitiva. “El Pigmaleón” Gallardo aprovecha la coyuntura para meterse al rejuego de las encuestas nacionales donde busca suceder al tabasqueño. Tal vez también aspira a impactar a sus contrarios con arrestos ruidosos. En las cruentas venganzas, sobresalen algunas aristas que pueden resultar contradictorias. Por ejemplo, se juntan en la cárcel, por sus historiales fraudulentos, Rangel y su otrora cómplice, el motivador y dueño de empresas fantasmas y factureras, Gabriel Salazar Soto.

Gallardo fue criticado en las redes sociales de escupir para arriba, al castigar los saqueos de Rangel en su desempeño burocrático. Pero en esencia, es el mismo caso que pudo llevarlo a la cárcel, al malversar como alcalde de Soledad, más de 200 millones de pesos, que lavó a través de diversas firmas, como las clínicas Wong y Axioma Kuzuri. No es casual que ahora busque con denuedo, convertirse en altruista promotor de  investigaciones sobre el cáncer. Los saqueos de los Gallardo en 15 años, los hizo sólo en un sexenio Carreras, al que se niega llamar a cuentas. Rangel y Gallardo defendieron a ultranza las tesis de la llamada Cuarta Transformación. Pero en campaña, la ex secreta1ria de salud y Mario Delgado, despotricaron contra el ex diputado federal, al que acusaron de delincuente y no tener el perfil ético para representar el cambio digno. Pero Gallardo ganó con el Verde Ecologista. López Obrador y Delgado, acomodaticios, rápido encomiaron su triunfo, que hicieron suyo. Rangel fue traicionada por todos y ahora paga los robos cometidos en equipo.

Aunque al principio Gallardo se desligó de perseguirla en términos judiciales, al momento de encerrarla, Ruiz confirmó que fue resultado de una denuncia local. Sin embargo, Rangel desde antes se miró envuelta en el escándalo. Fue cuestionada de ganar más que Carreras y López Obrador, al percibir en el 2016, un salario mensual de 222 mil pesos, lo que reconoció al comparecer ante el congreso local. El tabulador establecía un límite para los trabajadores de confianza de 128 mil pesos. Se le involucró en un accidente, que nunca se  aclaró, cuando se auto lesionó al recibir el disparo de una pluma-pistola calibre 22, que usaba para su defensa personal. Los hechos se registraron en una casa que tiene en Axtla de Terrazas. Rangel fue denunciada de entregar contratos de limpieza y mantenimiento por 200 millones de pesos al motivador y falso empresario, Gabriel Salazar Soto, acusado de esquilmar a cientos de ahorradores que les prometió altos intereses mensuales en las inversiones fraudulentas que manejó a través de la insolvente firma Invercorp.

Le pagó 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasmas relacionados con la campaña presidencial del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. El Comité Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios, detectó en el 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, le vendieron a Rangel insumos oncológicos adulterados en dos ocasiones. Las firmas tenían como operador financiero a Abraham Ábrego, cercano al ex mandatario, ahora preso. A mitad de enero del 2021, cuando se registraban en promedio 300 casos de Covid diarios, Rangel pidió licencia al cargo para buscar la gubernatura por Morena, donde generó un cisma interno. La militancia la rechazó por militar en el PRI y su conducta delictiva. En agosto del 2021, la descobijó su brazo derecho, Miguel Ángel Lutzow, al denunciar que había 423 toneladas de medicamentos guardados en el Almacén Central del Estado.

El organismo Ciudadanos Observando denunció que Rangel le entregó contratos ilícitos a Gabriel Salazar por 176.4 millones de pesos, donde incluyó negocios con domicilios inexistentes o desvinculados de sus dueños, con manejo involuntario de agremiados, montaje de concursos donde participaron los mismos socios y falsificado de firmas. Descubrió una red de defraudadores con despliegue en México, Morelos y Estado de México. Salazar creó el Grupo Infinite, con 24 empresas dedicadas a los servicios financieros, contables, limpieza y seguridad privada. A través de Invercorp Capital Financial, cometió un fraude que podría superar los mil millones de pesos en perjuicio de inversionistas a los que prometió intereses del 10% en los ahorros que le confiaron, cuando la banca comercial ofrece el 6% anual.

El auge de Salazar Soto empezó en octubre del 2015, al mismo tiempo que inició el sexenio de Carreras. Los vínculos que tenía con Rangel, le facilitaron jugosos contratos de limpieza en los hospitales públicos. Extendió sus influencias por las conexiones que logró en el Seguro Social y otras dependencias estatales. Creó toda una red de razones sociales y personas físicas para ofrecer servicios de facturas a instancias públicas como a personas y empresas privadas. Un ejemplo ilustra el modo en que el dueto cometió múltiples estafas. Uno de sus presuntos allegados, Emanuel Aureliano Moreno Márquez, recibió pagos por 11.9 millones de pesos en el 2018. Cuando fueron interrogados sus padres, casi se infartan al enterarse que era socio del Corporativo Ribe de San Luis, ya que padece una incapacidad. Ignoraban que su nombre aparecía en el acta constitutiva de una compañía, con domicilio fiscal en la colonia Clavería, de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Además, dos años antes, trabajó en Scoltta Seguridad Privada, una compañía vinculada a Salazar Soto. En el acta constitutiva del Corporativo Ribe, apareció como accionista de Moreno, Yoel Guerrero Camarillo, quien dio de domicilio, una casa ubicada en la colonia Independencia, de la capital potosina. Era también el sitio fiscal de otros compinches de Salazar, en varias empresas, Raymundo Guerrero Rangel y Sandra Camarillo Reyes.

Salazar tejió un conglomerado de negocios que formaron una compleja red en la que se mezclaban parientes y cercanos colaboradores. Ciudadanos Observando detectó que Flor Janeth Rivera Aguilar, esposa del auto llamado Príncipe del Emprendimiento, era también su socia en Desarrollo e Infraestructura Absac, en Kubal ZF Comercializadora Integral y en Impulse Fibra de Inversión en Bienes y Raíces. Su hermano, Jonathan Salazar Soto, apareció en Impulse. Raymundo Guerrero en Absac y Corporativo Ribe. En varias licitaciones, las firmas alevosas competían entre sí para salvar los protocolos. Otra variante fue usar datos de terceros sin estar enterados o dar su permiso para competir. Como pasó con Verónica Martínez Alfaro, incluida en once firmas vinculadas a Salazar. A Claudia Lucía Pérez Rodríguez la metieron a M&M Mantenimiento, que utilizaron de comparsa en algunas licitaciones. Informó que antes fue auxiliar administrativa en el Corporativo Infinite.

                Otros latrocinios sin castigo

El secretario de comunicaciones y transportes, Leonel Serrato, sin dar nombres, denunció los saqueos que pueden alcanzar a los ex gobernadores Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras. Sus antecesores en el cargo, Ramiro Robledo y Fernando Chávez, actual secretario del ayuntamiento de la capital. Los ex titulares de la Junta Estatal de Caminos, Porfirio Flores y Macrina Martínez Pozos y los contratistas a los que se asignaron los trabajos. Interpuso una querella en la fiscalía por los posibles delitos de cohecho, abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades. Destacó que en la entrega-recepción, se detectaron anomalías en los contratos y gastos del transporte denominado Red Metro, que consiste en “dos corredores de transporte masivo en la zona metropolitana de San Luis Potosí”. El gasto  estimado fue de 640 millones de pesos.

Relató que desde el 2010, el gobierno estatal realizó gestiones para obtener financiamiento y ejecutar las obras. Obtuvo dos fideicomisos de 15 y 166 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios. Se acordó hacer aportaciones de la hacienda estatal para concretar los planes. La denominada “Red Metro” o “Metrobús”, tenía como objetivo, hacer una nueva variante de transporte masivo que habita la zona metropolitana. Implicó realizar diversas obras, vialidades, corredores especiales para el paso de los autobuses, terminales de transferencia, señalética, paradores, infraestructura peatonal y comprar unidades denominadas Bus Rapid Traficc. Pero no había expedientes técnicos completos. Se autorizó el pago total contratado, cuando no hubo avances, lo que supone manejos irregulares de los gastos. Al realizar un chequeo físico, se encontró que no hay el carril destinado para el tránsito de los camiones.

El notario con licencia expuso que el gobernador será implacable al defender el patrimonio de los potosinos, para lograr un cambio verdadero. Insistió en los 170 millones de pesos iniciales para la magna obra, donde apenas se usaron de 30 a 40 millones y no existen vestigios. Ubicó como principal defraudador al ex titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens. “Creo que va a empezar a dormir mal, ante los señalamientos de la Red Metro, la cual entregó incompleta, solo con una camión en funciones, sin darle continuidad a largo plazo”. Serrato interpuso otra demanda por los manejos indebidos en la red de telecomunicaciones y miles de tarjetas de prepago durante la pandemia. Las empresas que operan las plataformas, despojan de su dinero a los usuarios. Propuso al congreso del estado, una reforma para que el gobierno regule el sistema de prepago en el transporte público.

Crear una tarjeta única para cubrir el servicio, en cualquier modalidad. “Buscamos un pase de transporte general, para subir a un camión o taxi en las cercanías de los municipios. No es muy costoso, no afectará al erario. Además, ya existe en otros lugares del mundo. Hay mucha rata metida que se roban los centavos. Son las empresas tecnológicas que le ponen unos algoritmos para defraudar”. El mismo Gallardo Cardona resaltó que “que en el tema del Metrobús, hay un fuerte robo en despoblado de la maldita herencia. Se gastaron más de 170 millones de pesos, de los cuales sólo comprobaron 20. Se robaron más de 50 millones de pesos. Saquearon otros 68 millones del gobierno estatal. Lo peor es que tuvieron el descaro de meter ampliaciones de obra por 48 millones de pesos más”.

“No existen las unidades que deben circular en la ruta prevista. No hay paradores y menos el carril por donde transitar. El objetivo se encuentra en ceros, no obstante el gasto de recursos públicos para atender una de las demandas más recurrentes de los potosinos, que es la movilidad. Ante tantos saqueos, se alistan las denuncias correspondientes para presentarlas a las autoridades fiscalizadoras y de justicia, para que se investigue el robo, un daño mayúsculo al erario. Se procederá contra la Seduvop, JEC y los involucrados en el tema”. Gallardo Cardona tiene pendiente castigar los saqueos que hizo el ex secretario de educación, Joel Ramírez Díaz, coludido con Carreras, por más de 3 mil 500 millones de pesos, que debieron destinar a las afores, escuelas seguras y programas de inglés.

Tuvieron de cómplice a la ex administradora  de la Sege, Sandra Rojas, que ahora labora en la secretaría de finanzas. La ayudaron en los desfalcos, Lis Minerva Irurzo y Daniela Rocha, entre otras, que cobraron excesivos sobornos a proveedores, lo que les permitió viajar al extranjero, someterse a cirugías estéticas y tener gordas cuentas bancarias a salvo de miradas incómodas. Sacaron ventaja en el turbio reparto de los libros de texto gratuito, donde hubo pagos excesivos de gasolina y uso de facturas apócrifas. Un gran exponente de la “herencia maldita”, es el director de la Comisión Estatal de Agua, Jesús Medina Salazar, acusado de ganancias ilegales por más de 7 mil millones de pesos, al acaparar contratos carreteros a través de empresas fantasmas. El ex diputado federal de Morena, Ricardo del Sol, expuso que las denuncias presentadas a la fiscalía de la república y local, contienen número de expedientes, monto de recursos, lugares y tiempos de ejecuciones. Con dinero sucio, patrocinó y ganó la alcaldía de Valles para su hermano, David Medina. Otro escándalo que Gallardo debe atender es la denuncia contra la ex directora de los Colegios de Bachilleres, Marianela Villanueva, a la que su relevo, Rita Salinas Ferrari, acusó de omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta por más de 160 millones de pesos. La acusó de corrupción y peculado al usar las instalaciones del plantel 04 del Naranjo, para beneficiar a una universidad privada sin que hubiera acuerdo por escrito

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Las patrañas justicieras

No necesitamos muchos días para darnos cuenta de la manipulación que el actual inquilino del palacio de gobierno en San Luis Potosí está realizando con las instituciones del estado. En particular con el brazo que debería ser justo en lo que se refiere a la aplicación del estado de derecho. Además de ser también, independiente. Sostuve desde un primer comentario que un corrupto, está moralmente impedido para proclamarse como un adalid que vaya en serio en el combate contra la corrupción.

“Dime de qué presumes y te diré de que careces”; señala un refrán popular que aplica al gobernante potosino. La fama de corrupción de la mafia conocida como la gallardía está documentada. El gobierno de la 4T lo sabe y la familia Gallardo también. Tiene a esa mafia demandada ante la FGR desde hace dos años. ¿Qué esperan para actuar? Pero esas denuncias presentadas por la UIF, son sólo una parte del abuso autoritario cometido por esa mafia en contra del erario de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital potosina. Conductas ilícitas que se acumulan conforme transcurre el mal gobierno en el estado. El perfil de quién ejerce el poder en nuestro estado es la de un ser deshumanizado, corrupto, arbitrario, soberbio, violento, demagógico, frívolo, limitado en términos culturales y vengativo.

El teatro montado mediáticamente de aparentar ser un gobierno que no va perdonar a los corruptos del pasado inmediato, la llamada “herencia maldita”, que no ha sido otra cosa que escupir al cielo cada que la anuncia para denostar a quienes, gracias a su protección nunca fueron, con seriedad, puestos a disposición del brazo de la justicia. Siempre se les brindó impunidad. Por razones de carácter político, se pretendió hacer creer que metería a su antecesor a la cárcel junto con sus compinches. Se desplegó desde el primer minuto en que asumió el poder un enfrentamiento verbal en contra de varios ex funcionarios, en forma particular de quién ocupara la Secretaria de Salud y fuera la candidata impuesta del dirigente nacional de morena, para allanarle el camino al poder en el estado.La quemó en leña verde en plena plaza de fundadores acusándola de malversar 1700 millones de pesos.

Manipulando la información han sido privados de su libertad ex funcionarios menores del gobierno de Carreras. Con acusaciones notoriamente menores a los que el mismo sujeto los había acusado en plena plaza pública. Ahora resulta que quiere aparentar, en otro desplante demagógico, ser un gobernante piadoso con los corruptos. A la Secretaria de Salud, se le acusa de malos manejos por el orden de los 30 millones de pesos. Sólo eso. ¿Qué sucedió con los 1670 millones de pesos él mismo denunció?La burla de este sujeto es que ahora señala que no quiere ver a nadie de los corruptos en la cárcel, sino que regresen al erario lo robado. Pero lo robado de acuerdo con su criterio de “justicia” que determina su denuncia. Señala Gallardo el piadoso, que los dos ex secretarios de Salud, regresen 55 millones de pesos y podrán salir libres. Buen negocio para los corruptos; te robas 1700 millones de pesos del dinero del pueblo y solo te “exigen” regresar una nada y obtienes tu libertad.

Era insostenible que un corrupto pueda combatir en serio la corrupción. Está ética y moralmente impedido. El pueblo potosino, estaría exigiendo que la justicia, no la venganza, se le aplicará sin consideración política alguna a quien ocupa el empleo de gobernador y a su familia. Resulta grotesco que desde el poder potosino se sostenga una persecución en contra de delincuentes, que, no tengo duda alguna, que lo son, sólo como un instrumento de carácter político y no de estricta aplicación del estado de derecho, sin que se actúe en su contra por las múltiples demandas que pesan en su contra.Las patrañas justicieras de la mafia de la gallardía fueron evidenciadas más pronto de lo que muchos se imaginaron. Así será este frívolo y corrupto gobierno hasta el último día en que la justicia en nuestro país determine la sana convivencia entre gobernados y gobernantes.

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Diputados respaldan la entrada en operación de la Guardia Civil

Luego de las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso del Estado y avaladas por los 58 ayuntamientos de la entidad para su operatividad, al igual que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entró en funciones la nueva Guardia Civil del Estado.

En el arranque, el diputado José Luis Fernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, recordó que el Congreso del Estado autorizó recursos por un monto de 350 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de este ejercicio fiscal 2022, con lo cual se garantizará su operatividad y transformación.

Destacó el papel de los ayuntamientos para integrar una coordinación con la Guardia Civil, ya que “a través de su aprobación en los Cabildos de esta reforma constitucional va un compromiso implícito; el Gobernador en su mensaje habló que se habían acabado los tiempos de responsabilizar a las otras esferas de gobierno, pero también se hace un llamado al Gobierno Federal y Municipal a que se sumen en este esfuerzo, y desde el Congreso, estamos listos para seguir transitando y construyendo el andamiaje jurídico, legal y político que se requieren para las grandes transformaciones de San Luis Potosí”.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dijo que el Congreso del Estado además de apoyar a mejorar los presupuestos en materia de seguridad pública, y a la Fiscalía del Estado, en este ejercicio fiscal 2022, estará impulsando las reformas necesarias en materia de seguridad pública que sean necesarias.

“Estamos buscando que tengan todas la herramientas para un marco legal y un mejor funcionamiento la seguridad pública en San Luis Potosí, y que cuenten con una la coordinación los tres niveles de gobierno para que puedan trabajar, no en esfuerzos aislados sino coordinadamente, y que exista inversión y hoy aplaudimos la inversión que se hace desde el gobierno del estado para poder mejorar la materia de seguridad pública”.

El diputado Alejandro Leal Tovías, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, destacó el esfuerzo del Ejecutivo del Estado para sumar a todas las entidades en este esfuerzo de seguridad pública, a través de la Guardia Civil Estatal.

“Es una nueva forma de poder enfrentar y dar seguridad a los ciudadanos y me parece que hoy lo vamos a ver, con este arranque, con equipamiento, gente preparada y capacitada, vamos a ver cómo va creciendo, pero creo que el que los 58 municipios se hayan sumado a este proyecto, habla de una coordinación del esfuerzo conjunto con el estatal y federal y creo que muy pronto vamos a ver resultados”.

La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, representante parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, señaló que estará atenta al desarrollo de los trabajos que se realicen en materia de seguridad, principalmente en materia de coordinación con autoridades municipales.

“Vemos que el municipio de la capital ya hizo lo propio, y sabemos que hay municipios que también se les está invitando a que aumente el número de elementos, porque eso también es importante y hay esta coordinación con la Federación, con la Guardia Nacional, para tener un San Luis Potosí tranquilo que es lo que todos anhelamos”.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género dijo que estará al pendiente del tema de las capacitaciones en materia de derechos humanos para los cuerpos policíacos, de manera que sus labores estén apegadas al marco jurídico aplicable.

“Esa es mi tarea que pondré mucha atención, ya tendremos reuniones de trabajo con la comisión para poder coadyuvar y proteger los derechos humanos de las y los potosinos, para mi es lo más importante como presidenta de la comisión y en general como potosina, esperemos que sea una iniciativa asertiva y eficiente porque la seguridad es una prioridad para todos”.

Finalmente, la diputada Claudia Tristán Alvarado, representante parlamentaria del Partido Nueva Alianza, señaló que se esperan buenos resultados con el inicio formal de la Guardia Civil Estatal, “porque sabemos que los elementos también son parte de la ciudadanía, y esperamos que con la creación y la puesta en marcha de la Guardia Civil, las cosas mejoren para tener resultados en corto, mediano y largo plazo”.